La fórmula ilegal en torno a la que se anuda todo el fraude

Sevilla- Las transferencias de financiación se sitúan en el centro del desmán contable de los ERE. Esta fórmula ideada para el pago de las ayudas sociolaborales y de las subvenciones a empresas es uno de los hilvanes principales de la madeja. Con ella, el Ejecutivo trasladó los pagos desde la Consejería a un ente instrumental (la agencia IDEA, antes IFA), con lo que se alejaron también los controles de la Intervención, el máximo órgano de fiscalización interno. La Intervención, en cualquier caso, alertó en sucesivos informes de que esta fórmula no era la adecuada. En su lugar recomendaba la subvención excepcional, empleada por el Ejecutivo autonómico antes de que se pusiera en marcha el «fondo de reptiles» en el año 2001. El máximo órgano dejó claro que el Gobierno andaluz estaba prescindiendo «de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y que las transferencias de financiación provocaban graves anomalías como la existencia de elevadas partidas fuera de cobertura presupuestaria o elevados desfases económicos, que en 2005 llegó a ser de 95 millones de euros, una cantidad que hubiera afectado incluso al objetivo de déficit. La Junta, sin embargo, se ha enrocado desde que estalló el caso en que la fórmula no es la más adecuada, pero que es legal. Y que la puso en marcha por la necesidad de articular un sistema más ágil y rápido que garantizara la paz social. La juez instructora ha fundamentado en varios autos su posicionamiento. Las transferencias de financiación sólo podían usarse para cubrir gastos de funcionamiento interno del IFA/IDEA o para equilibrar ejercicios anteriores. Sin embargo, se utilizaron para pagar las prejubilaciones y ayudas, vía por la que estalló el fraude.