La Guardia Civil toma el mando y se persona en la Junta por el “caso Aznalcóllar”

Agentes de la UCO reclamaron ayer documentación en la sede de Empleo en Sevilla que la consejería ya les “prepara”

En el «caso Aznalcóllar» se investiga si hubo amaño en el concurso público por el que se otorgó en febrero de 2015 la concesión para explotar la mina que le da nombre a Minorbis-Grupo México, en detrimento de otras empresas interesadas, y en él se han cocido varios movimientos desde que el pasado octubre la Audiencia de Sevilla obligara a la jueza instructora, Patricia Fernández, a reabrirlo tras detectar presuntas irregularidades. De hecho, la reacción del tribunal provincial a su cierre en falso provocó que la magistrada ampliara campo e incorporara a la causa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pese a que la Policía Nacional había participado en ella desde el arranque. Una decisión que se visualizó en la mañana de ayer, cuando agentes de ese grupo del Instituto Armado se personaron en las instalaciones de la sede sevillana de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, que dirige José Sánchez Maldonado, para demandar documentación relativa a la adjudicación del yacimiento minero. Así se lo confirmaron a LA RAZÓN fuentes del caso y del Gobierno andaluz que, no obstante, rehusaron precisar la naturaleza de la información por la que se interesaron los investigadores, más allá de que estaba ligada al voluminoso expediente del concurso de asignación de los recursos mineros de Aznalcóllar y a las peticiones del juzgado.

Lo que sí quisieron dejar claro desde el Ejecutivo autonómico es su intención de «no interferir» en el proceso judicial y la idea de que en las dependencias de Empleo los agentes debieron encontrar «como siempre» disposición «máxima» a colaborar con la Justicia. De hecho, aseguraron a este diario que se «preparará» a los agentes toda «la información requerida». Ya tienen experiencia en «visitas» de la Guardia Civil debido a otros casos como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o el de los cursos de formación, en el ámbito de los cuales se ha producido incluso algún registro de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La reapertura de Aznalcóllar, situada en el extremo Este de la Faja Pirítica Ibérica, supuso oxígeno para una comarca compleja y de innegable tradición minera. Con esa reactivación se comprometió la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien precisamente el pasado fin de semana acusó al Gobierno central de Mariano Rajoy de «desentenderse» de las cuencas mineras. Lo hizo en un acto con militantes al que acudió, no se sabe si en calidad de aspirante a liderar el PSOE porque no lo ha confirmado, en la localidad berciana de Camponaraya (León) y en el que, según recogieron las agencias, exigió al líder del PP que diera «la cara» por la minería. «Es hora de que el Gobierno apoye al sector minero y que se haga frente a la despoblación de estas comarcas así como a la falta de oportunidades», lanzó Díaz, sin saber que la semana arrancaría en Andalucía con movimientos en una causa judicial vinculada a una mina conocida para ella.

Las pesquisas crecen

La nueva sacudida llega después de que la instructora, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, acordara, vía providencia, librar oficio a la Agencia Tributaria (EAT), la Tesorería General de la Seguridad Social y a varias entidades bancarias para que éstas facilitaran a la UCO «toda la información fiscal» relativa a operaciones con terceros y a declaraciones de IVA de las sociedades AMC Mining Iberia (Grupo México), Minorbis –filial del grupo cordobés Magtel– y Minera los Frailes; el listado de empleados de las dos últimas desde sus respectivas fundaciones; y los movimientos dinerarios entre cuentas de esas empresas que protagonizan el judicializado proceso de adjudicación del yacimiento.

Además, y «en orden a completar» las pesquisas desarrolladas hasta ahora, Fernández optó por recabar el auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que sus técnicos elaboren un dictamen sobre la «validez» de la normativa que «regula el concurso público», para dar «las actividades extractivas de explotación de los recursos» de Aznalcóllar. Les ha pedido en concreto a los peritos estatales que analicen el Decreto-ley 9/2013 de 17 de diciembre por el que se articularon los procedimientos necesarios para la reactivación de la mina y la Resolución de 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se abrió el concurso para otorgar los derechos mineros.

La magistrada pretende también que la IGAE examine el procedimiento seguido, los pasos que se han dado en este asunto, desde las solicitudes de partida hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas, lo que comprende los trabajos de la comisión técnica y la mesa de contratación que concluyeron con la resolución de Industria de 25 de febrero de 2015 por la que se adjudicó a Minorbis-Grupo México la «preferencia» en las actividades extractivas de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas en la zona de Aznalcóllar.

La jueza busca conocer, entre otras cuestiones, si algunas de las entidades implicadas en el proceso de selección pagó algún tipo de peaje para lograr que el concurso se decantara por la suma Minorbis-Grupo México, que no será la que explote la mina finalmente, en contra de otras licitadoras interesadas como Emerita Resources, que recurrió el carpetazo del caso y cuyos representantes ya han trasladado a este periódico que pelearán «hasta el final».