La guerra del medicamento

El Consejo de Ministros acordó ayer plantear un conflicto positivo de competencia a la Junta por la convocatoria para la subasta de medicamentos y ha solicitado la suspensión de la norma, según consta en la documentación publicada por el Gobierno ayer. Será la tercera vez que el Ejecutivo lleve al Tribunal Constitucional (TC) la iniciativa andaluza.

El Gobierno presenta este conflicto de competencias contra la Resolución del 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

El Estado considera que es necesaria la interposición de conflicto de competencia al tener en cuenta sus propios antecedentes (impugnación de la Ley de Farmacia de Andalucía, de 2007), y de una Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de 2012 y, además, porque la resolución motivo de la impugnación es la segunda de las que se han dictado en el mismo sentido por el SAS para anunciar la convocatoria para la selección de medicamentos.

El Gobierno señala que en su contenido establece un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa básica estatal, «con la consecuencia inevitable de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud». Considera que «se están vulnerando, por una parte, las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencia; y, por otra, en relación con la legislación básica en materia de sanidad al modificar la cartera básica común de servicios establecida por el Estado, al excluir desde el punto de vista del ciudadano presentaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica, y fijando un mecanismo de financiación de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud no previsto en la legislación básica estatal».

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuestionó «en qué y a quién beneficia» la decisión del Gobierno, vía Twitter. «¿Quo prodest?», señaló. La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, consideró que el tercer recurso supone «una falta de respeto a la Junta, a las instituciones en su conjunto y me atrevería a decir que al mismo TC». El objetivo del Gobierno, dijo, es «que no se pueda demostrar que hay otra forma distinta de hacer las cosas y salir de la crisis» y «pone de manifiesto que defiende los intereses millonarios de la industria farmacéutica». El PSOE considera que el Gobierno «ha perdido los papeles» y pide que rectifique.