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La guerra del taxi y los VTC: «pirañas» contra «tiburones»

El conflicto se recrudece con la agresión al presidente de la patronal Unauto y Málaga continúa con servicios mínimos

Parada de taxis en la Estación María Zambrano de Málaga
Parada de taxis en la Estación María Zambrano de Málagalarazon

El conflicto se recrudece con la agresión al presidente de la patronal Unauto y Málaga continúa con servicios mínimos

El «factor Sarajevo» que desencadena la guerra abierta entre el sector de taxi y las empresas de vehículos con conductor, con los ciudadanos –en tanto que se trata de un servicio público– como rehenes se localiza un viernes 12 de junio de 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Entonces, el Ejecutivo central aprobó la llamada Ley Ómnibus, con su artículo 21, que permitía la aplicación de la directiva de la UE en España. Zapatero habló de, previa modificación de unas 50 normas estatales, la creación de 200.000 puestos de trabajo. Miles de taxistas se echaron a la calle, advirtiendo entonces a sus incrédulos compañeros que no veían peligrar su trabajo todavía –aún faltaban dos semanas a mediados de junio de 2009 para que Apple comenzara a comercializar el primer Iphone–, de que la norma liberalizaría el sector con un sistema paralelo «como el que hay en África y Sudamérica» y dificultaría un servicio «de calidad como el europeo». Ocho años después, el sector del transporte público en España vive una guerra manifiesta, con agresiones –la última, ayer en Málaga, donde los taxistas se encuentran de huelga indefinida– y hasta 30 detenciones por pertenencia a banda criminal –como en Sevilla–. La batalla de las licencias.

Los taxistas acusan a las empresas de VTC –Cabify y Uber, principalmente– de ser «unos tiburones» del capitalismo bajo la apariencia y el márketing de la economía colaborativa. Los conductores de VTC, que han visto cómo sus «colegas» del taxi pasan cada vez con más rapidez del insulto o los daños al coche a la agresión física, de actuar como auténticas «pirañas». Cabify denunció el lunes tres agresiones físicas y hasta 15 daños en vehículos. Ayer, la asociación mayoritaria del sector de los VTC en Málaga, Unauto VTC, difundió un video en el que su presidente local, Eduardo Martín, recibió puñetazos y patadas por parte de «un grupo de taxistas». Según la patronal, los taxistas persiguieron a Martín desde el aeropuerto, donde iba a grabar unas declaraciones, hasta el mismo hospital. «La situación es totalmente insostenible y esperamos que sea el propio taxi el que se encargue de expulsar del sector a su facción más radical, que lamentablemente está ganando más adeptos», señaló Martín. Unauto ha solicitado una reunión con el Ministerio de Interior para frenar la «escalada» de violencia. Los taxistas de Málaga, por su parte, mantienen la huelga a la espera de la reunión prevista hoy con el consejero de Fomento, Felipe López, en la que volverán a reclamar que los vehículos desplazados por Cabify desde Madrid con motivo de la Feria de Málaga regresen a la capital del país. El presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), José Royón, condenó cualquier tipo de violencia «venga de donde venga». Los incidentes en Málaga tienen un precedente en la pasada Feria de Sevilla, cuando nueve vehículos de Cabify ardieron de madrugada en su lugar de estacionamiento, en un alojamiento rural. En todas las provincias, y en el país, las reivindicaciones son similares. Los taxistas acusan a los VTC de «competencia desleal» al no respetar la «prerreserva» y abordar a los clientes por la ciudad cuando no pueden estar a menos de 100 metros de una estación de bus, tren o parada. Además, les acusan de evadir impuestos. Las empresas señalan que todo es legal y que siguen creciendo. Uber reclama la «liberalización urgente» de las licencias. VTC siempre hubo en España pero desde 2009 se liberalizó el sector. La avalancha de peticiones llevó al Gobierno en 2013 a reimplantar la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis. Las asociaciones de taxistas de Málaga hablan de una relación de uno a tres –unas 1.430 licencias de taxi y unas 500 VTC–; en Sevilla, de uno a cuatro. El conflicto, aunque su origen se remonte a 2009, sólo acaba de empezar.