La Intervención estatal apunta a que Griñán pudo parar el fraude

La Intervención General de la Administración del Estado avala las tesis de la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, respecto a las irregularidades detectadas en torno a ayudas de la Junta durante una década. Carga a la juez de argumentos de cara a la exposición razonada de hechos que tendría que realizar para elevar la causa al Tribunal Supremo, como se prevé que haga, dada la implicación en la misma de aforados.

En un informe los peritos del Estado constatan desde la inadecuada utilización de la herramienta de las transferencias de financiación para la concesión discrecional de fondos públicos, hasta la ausencia legal de procedimiento para otorgarlas, según adelantaron ayer los diarios del Grupo Joly. El documento contiene además un grueso reproche a los titulares de la Consejería de Economía y Hacienda en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2009, es decir, la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, el ex presidente del Ejecutivo andaluz José Antonio Griñán y la ex consejera Carmen Martínez Aguayo. A ellos culpan los técnicos de no haber adoptado las medidas necesarias para evitar el fraude, a lo que suman la ausencia de constatación de que dichos ex titulares de Hacienda hayan dado cuenta al Consejo de Gobierno del contenido de los informes emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) que, según lo dispuesto en el Decreto 149/1988 por el que se aprueba el reglamento del órgano fiscalizador, deberían haber sido destacados por «su interés y repercusión». En otras palabras, no se habría tenido en cuenta el articulado de dicha norma que regula cuándo un consejero debe dar cuenta al Consejo de Gobierno.

Otra de las conclusiones del peritaje pasa por la aseveración de que el ex interventor general de la Administración autonómica Manuel Gómez –imputado en la causa de los ERE y a quien la Cámara de Cuentas andaluza liberó en un informe de responsabilidad– debió haber emitido el correspondiente informe de actuación, que hubiera paralizado el pago de las ayudas. Los técnicos que han elaborado el documento, que ya obra en poder de Alaya, recuerdan que la Intervención General de la Junta sí puso de manifiesto que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –luego Agencia IDEA– participaba, como entidad pagadora, en un sistema irregular de gestión de las subvenciones. En ese sentido, sostienen que, a su juicio, debía haberse aplicado la obligatoriedad legal de la IGJA de emitir el mencionado informe de actuación, dado que las acciones del IFA-IDEA pudieran haber ocasionado menoscabo de fondos públicos, al finalizar el proceso de reparto de ayudas que arrancaba en la Consejería de Empleo.

Cabe recordar que a la ausencia de informe de actuación se ha agarrado a menudo Griñán para justificar su gestión y su desconocimiento de las irregularidades. Además, el gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas defendió que no procedía y fuentes ligadas al «caso ERE» apuntan que «el informe de actuación no es un interruptor del fraude» y avisan de que «podría haberse llevado a cabo y que no le hubieran hecho ningún caso». En la misma línea, añaden que «los interventores lo emiten si se ha producido un hecho gravoso o dañoso». «No se trata de hacer cábalas», rematan.

Con todo, la Intervención del Estado cree que debió hacerse, dato que se conoce días después de que la Audiencia de Sevilla ordenara a Alaya que motivara mejor el auto en el que imputó a los ex presidentes Griñán y Manuel Chaves. La magistrada cuenta con nuevas razones.