La inversión sobrevive a la anulación del PGOU marbellí

El Ayuntamiento decidirá en días si se acoge a unas normas sustantivas o a una adecuación de la LOUA en el periodo transitorio, asegura la Junta

Los datos que maneja la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, facilitados por la propia Confederación de Empresarios, concluyen que por ahora los inversores mantienen sus proyectos en la localidad malagueña de Marbella a pesar de la inseguridad jurídica que podría suponer que el Tribunal Supremo (TS) haya declarado nula de pleno derecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del año 2010.

En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero del ramo, José Fiscal, atribuyó este extremo a que tanto la Junta como el Ayuntamiento, según reconocen los propios agentes sociales implicados, han actuado «con rapidez», pues inmediatamente después de los fallos se produjeron las primeras reuniones.

El día a día de las cuestiones menores están jurídicamente cubiertas por el PGOU de 1986, de nuevo en vigor, mientras que para las cuestiones de más calado se tomará una decisión «inmediata». El Consistorio decidirá en «días» si para el periodo transitorio en tanto que se aprueba el nuevo plan se acoge a unas normas sustantivas o a una adecuación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

«Hay que ser moderadamente optimistas: los inversores y los ciudadanos tienen que estar tranquilos, porque se les va a garantizar sus derechos con total seguridad», subrayó Fiscal, para quien la sentencia podrá suponer una oportunidad de ajustar mejor el planeamiento marbellí a «la realidad que vivimos ahora, y que según todos los expertos será la que vivamos durante bastante tiempo, pues afortunadamente no volverán los tiempos de especulación salvaje».

Partiendo de la base de que la Junta «lamenta» la sentencia –«nos gustaría que nos hubieran dado la razón y hacer otro PGOU cuando hubiera correspondido, más ajustado a la realidad»– y de que el plan tumbado «ya no respondía» a los peores momentos de la «burbuja», el titular autonómico de Ordenación del Territorio cree que «se puede aprovechar para hacerlo mejor». En un plano más general, Fiscal recordó que el Gobierno andaluz va a proponer reformas que permitan otorgar mayor flexibilidad y agilidad al planeamiento urbanístico para lograr un modelo de ciudad y territorio más habitable, en el que se tenga en cuenta las vertientes económica y social, preservando el medio ambiente.

El consejero explicó que dentro de las Comisiones Provinciales de Urbanismo se han creado grupos que han agilizado «bastante» la gestión. Asimismo, la Junta pretende crear un Consejo Asesor en materia de buen gobierno urbanístico en el que estén representados ayuntamientos, especialistas, arquitectos, urbanistas o ambientalistas, «para que los pasos los demos de manera sólida». «Es una cuestión que nos preocupa: un plan general no puede llevarse el tiempo que actualmente ocupa desde que se plantea hasta que se aprueba, porque lo que suele ocurrir es que cuando se valida la realidad ya ha cambiado tremendamente», expuso el consejero, que pretende que dicho consejo esté listo este 2016.