La investigada Soprea blindará a sus directivos contra «errores de gestión»

En el vivero incontenible de los contratos que el Gobierno andaluz adjudica de forma negociada sin publicidad hay una reciente incorporación que afecta a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), entidad que capitanea Francisco Álvaro Julio y adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. ¿Qué se busca esta vez? La cobertura de una nueva póliza de seguro. El importe a abonar de las arcas públicas es de 45.000 euros, IVA excluido, aunque el valor estimado de la contrata se eleva hasta los 90.000, dado que existe una posibilidad de prórroga de un año si se ponen de acuerdo ambas partes.

Hay algunos aspectos a destacar de este contrato, más allá de la fórmula seleccionada para asignarlo. De entrada, el seguro es para los consejeros y directivos de la entidad y entre las actividades a cubrir se encuentran la responsabilidad «por errores de gestión», la de «administradores en entidades externas», la profesional, las que se deriven de «prácticas de empleo indebidas» –ya sean «reales o presuntas», se matiza–, la «restitución de imagen», y los «gastos de defensa» en los que se pueda incurrir si se producen reclamaciones externas, según la hilera detallada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas cosidos al mismo y consultados por LA RAZÓN.

Soprea no es un ente fosilizado pero sí se encuentra inmerso desde hace años en un proceso judicial derivado del llamado «caso Invercaria» que sustenta el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla. Se trata de otra causa en la que se investiga la gestión del Gobierno autonómico del dinero público, en concreto de la que llevó a cabo Soprea en torno a un global de 185 millones de euros procedentes de los fondos Jeremie de la Unión Europea (UE) que fueron distribuidos en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2013.

Y ahora se da la circunstancia de que el licitador elegido para prestar este servicio tendrá que tener en cuenta varios fondos ligados a la sociedad para la reconversión económica de la región, uno de ellos el Fondo Jeremie Andalucía Multiinstrumento. A éste se sumarán otros nueve: el de Economía Sostenible, el de Apoyo al Desarrollo Empresarial, Eficiencia Energética, el Fondo de Emprendedores Tecnológicos, el de Espacios Productivos, el rotulado como de Apoyo a las Industrias Culturales; el de Apoyo a la Internalización de la Economía Andaluza, el de respaldo a las Pymes Turísticas y Comerciales y un último Fondo de Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario. Esta vez, el adjudicatario deberá afrontar toda la carga, dado que no se prevé la división en lotes de la misma.

Esta entidad judicializada de la Junta ya ha pagado 3.630 euros a Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social por hacerse con otra póliza de seguro colectivo de vida y accidente, como ya informó este periódico. Junto a ella, ha colocado también recientemente otras dos contratas: una a la consultora Deloitte SL a la que ha encargado la elaboración de informes de carácter anual de seguimiento operativo y análisis de finalidad, por lo que le abonarán una cuantía de 120.398,66 euros; y la otra a Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services SL. Esta última supondrá un gasto de 74.632,8 euros por su asesoría ajena en materia mercantil y laboral. Todos estos datos se pueden comprobar en la plataforma virtual del Ejecutivo regional.