La juez llama al «portillo de entrada» al «dispendio» tres años después de imputarlo

La Razón
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El 7 de febrero. Ésa es la fecha en la que la titular del juzgado número 6 de Sevilla que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar al ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien al cierre de esta edición aún no tenía constancia de la cita. Rivas fue imputado en la causa en enero de 2011, por lo que el emplazamiento judicial llega tres años después. De hecho, su abogado, Jon Ander Sánchez, ha denunciado en diversas ocasiones, a través de escritos que obran en poder del juzgado, el dilatado periodo que su cliente ha permanecido imputado y sin poder comparecer ante la magistrada. Una tardanza, a su juicio, «inadmisible en un Estado de Derecho» y que ayer criticó el consejero de Justicia e Interior del Gobierno andaluz, Emilio de Llera, al no considerarla «normal».

Alaya, por su parte, estima que Rivas, y así lo ha reflejado en sus autos, es el «portillo de entrada» en la concesión irregular de las subvenciones de la Junta, la puerta de acceso al «dispendio» presuntamente generalizado y «descontrolado» que se produjo en el seno de la Administración autonómica durante más de una década. El «primer eslabón de la cadena», para la UCO de la Guardia Civil. Sin embargo, su representante legal sostiene que las afirmaciones de la juez sobre el papel «activo» del ex delegado de Empleo en el reparto de fondos públicos no están acreditadas «ni siquiera indiciariamente».

En sede judicial Rivas tendrá que afrontar cuestiones como el hecho de que entre los «intrusos» que se han colado en los ERE constan en el sumario dos concuñados suyos, o de que, como destapó LA RAZÓN, quien se esconda detrás de la etiqueta «Chica R» en los diagramas del entramado empresarial del «conseguidor» de los ERE Juan Lanzas sea su nuera. Al margen de Rivas, la instructora ha citado para el 25 de febrero a los cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han cuestionado la legalidad de las ayudas de la Junta.