La Junta acusa a Guerrero de crear una administración paralela de "amigos"y para el "bolsillo de terceros"

La acusación particular que ejerce el Gobierno andaluz en el juicio por prevaricación y malversación en los contratos de UMAX insiste en el perjuicio a las arcas públicas por el sobrecoste

La Junta de Andalucía ha acusado este martes al exdirector de Trabajo Javier Guerrero de crear una "administración paralela"en su departamento contratando sin el procedimiento legal a personas por "amiguismo"a través de la empresa UMAX y para el "beneficio exclusivo del bolsillo de terceros", provocando un perjuicio a las arcas públicas por el "sobrecoste"que ello supuso.

La abogada de la Junta, Victoria Gálvez, ha presentado, al igual que la Fiscalía, su informe final en el juicio por prevaricación, malversación y falsedad documental contra los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, los ex secretarios generales de Empleo Lourdes Medina y Javier Aguado y el empresario de UMAX Ulpiano Cuadrado, que en 2010 reclamó a la Junta una deuda de 1,5 millones de euros por los servicios prestados por sus trabajadores a la Dirección de Trabajo de 2007 a 2010 y no abonados como se llevaba haciendo desde 2003 en base a un "contrato verbal"con Guerrero. Todos ellos se enfrentan a diez años de cárcel.

Tanto la fiscal como la letrada de la Junta hablaron de la creación desde ese año de una "plantilla laboral al margen de la ley"en la Delegación de Trabajo con empleados contratados por UMAX, "muchos con vínculos de amistad o vecindad con Guerrero"procedentes de El Pedroso, que pasaron luego a la fundación pública Faffe y luego al SAE sin pasar por los procedimientos legalmente establecidos para entrar en la administración según los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Para la Junta, que a diferencia de la Fiscalía sólo acusa a Guerrero, Márquez y Cuadrado, no se trata de una "mera irregularidad administrativa sino de una actitud delictiva mantenida en el tiempo"con tres finalidades: "crear una administración paralela", beneficiar a un conjunto de personas allegadas a Guerrero contratadas para la función público sin pasar los criterios de mérito y capacidad y propiciar al empresario de UMAX unas ganancias -hasta el 20% de los contratos- que era mayor "cuanto mayores han sido las nóminas"y que "ha tenido un efecto en las arcas públicas"que han "soportado"un coste laboral mayor que el que hubiera tenido de haberse contratado ese personal como laboral por el procedimiento legal.

La letrada del Gobierno andaluz ha insistido en que para dar apariencia de legalidad a los pagos a UMAX de 2003 a 2007 se simularon contratos menores por servicios que la empresa no prestó, contratos administrativos que aunque “es verdad” que la Junta usa para servicios externalizados como la asistencia informática o la limpieza no está permitido su uso para contrataciones laborales de personal que realizaba labores, en algunos casos reservadas en exclusiva a funcionarios.

La fiscal también ha subrayado que “la colocación de profesionales a dedo en la administración de forma continuada causa un perjuicio a la administración porque va generando unos derechos a ese personal”, y que muchos de los trabajadores contratados “eran del círculo de Guerrero” y “pasaron a Faffe de forma irregular”. “Los contratos son todos correctos y fiscalizados pero no responden a necesidades puntuales porque los trabajadores nunca fueron cesados, se busca cubrir la falta de personal con contrataciones externas”, ha subrayado en su informe.

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular de la Junta rechazan las alegaciones de las defensas sobre dilaciones indebidas en el procedimiento y la inconcreción de sus acusaciones.,

En la sesión de este martes también ha presentado su informe la defensa final de Juan Márquez, que ejerce la abogada Inmaculada Torres, y que ha subrayado que este juicio “es un procedimiento montado por la Junta de Andalucía con el fin de perseguir a determinadas personas por el hecho de haber ejercido un determinado cargo en un determinado momento” y se basa en “documentación aportada por la Junta” que “no ha sido propuesta como prueba documental” y por tanto las defensas no la han podido someter a contraste, tras denunciar que la Junta se convierte aquí en “juez y parte”.

Torres ha defendido que “no podemos criminalizar la figura del director general de Trabajo, ser director general no es delito” pero se acusa a tres personas por haber ostentado el cargo y en concreto sobre su cliente ha dicho que no consta “en los 8 tomos de la causa ni una resolución u orden de pago firmada por Juan Márquez” porque lo que “aquí no se ha acreditado nada”.

A juicio de la defensa de Márquez, la contratación con UMAX “podrá haber sido irregular, tendrá que verse en el expediente de revisión de oficio” abierto a raíz de la deuda reclamada por Cuadrado, “pero irregular y delictivo no es lo mismo”.