El 85% de las inspecciones andaluzas a granjas detecta incumplimientos ambientales en 2025

En el corazón de Andalucía, donde la agricultura y la ganadería sostienen economías locales, la sombra de la sospecha de malas prácticas ambientales se cierne sobre las explotaciones intensivas. Según la documentación pública consultada por LA RAZÓN, el 85% de las inspecciones realizadas en granjas durante 2025 han detectado incumplimientos de las normativas ambientales. Estos hallazgos, basados en informes definitivos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, ponen en evidencia problemas en la gestión de residuos, emisiones y recursos, particularmente en granjas porcinas de cebo y avícolas.

Los informes, correspondientes a siete inspecciones programadas en el primer semestre de 2025, revelan un patrón preocupante. De las cinco granjas porcinas de cebo inspeccionadas cuatro presentaron incumplimientos –«Padre Granado», «Huerta Grande», «Correo Chico», las tres del municipio de Carmona y «El Chaparral» en Gilena– y una no –la de «Cerro Utrera» en Algámitas–. El sector porcino, con su alta densidad de animales y generación de purines –residuos líquidos de las explotaciones–, es particularmente vulnerable. Y las dos granjas avícolas inspeccionadas –«Ojuelos» y «El Fontanal, en Morón de la Frontera ambas»– también registraron desviaciones.

Los motivos de estos incumplimientos son recurrentes y multifacéticos. En primer lugar, fallos en las condiciones generales y el funcionamiento de las instalaciones, que incluyen deficiencias en el mantenimiento de naves y equipos, lo que compromete la integridad estructural y operativa. Pero también se detectaron problemas en el almacenamiento de estiércoles y purines, lo que podría derivar en contaminaciones cruzadas. Segundo, violaciones en la protección de la calidad del aire, con emisiones excesivas de amoníaco y metano procedentes de la fermentación de residuos orgánicos. Tercero, incumplimientos en la gestión de ruidos y vibraciones, que afectan a comunidades cercanas y a la fauna local.

La protección del agua y los suelos emerge como otro foco crítico. Así, se constataron filtraciones de purines. La gestión de residuos es igualmente deficiente: acumulación inadecuada de desechos sólidos y líquidos, sin separación adecuada de subproductos de origen animal, lo que viola regulaciones europeas sobre bioseguridad. Además, se destacan fallos en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), como sistemas de ventilación eficientes o tratamientos anaeróbicos para purines, que deberían minimizar impactos ambientales según la Directiva 2010/75/UE.

Otros incumplimientos incluyen contaminación lumínica –por iluminación constante en naves que altera ciclos ecológicos nocturnos– y un consumo ineficiente de recursos, como agua y energía, sin medidas de optimización. Un uso excesivo de agua en limpieza sin reciclaje son otros de los problemas detectados y que no solo incumplen la Autorización Ambiental Integrada (AAI), sino que representan riesgos para la salud pública, como la propagación de patógenos o la degradación de ecosistemas.

En dos de los casos investigados se acordó la propuesta de revisión de oficio de condiciones de la autorizaciones ambientales concedidas.

El programa prevé 197 inspecciones en 2025; solo se han dado a conocer los resultados de siete

El Programa Integral de Inspección en Materia de Calidad Ambiental para 2025, aprobado por resolución de 24 de febrero de 2025 y publicado en el BOJA el 6 de marzo prevé 322 inspecciones a instalaciones con AAI, de las cuales 197 corresponden a industrias agroalimentarias y ganaderas, priorizando riesgos altos.

Sin embargo, la ejecución parece rezagada: hasta agosto de 2025, solo siete informes han sido publicados en la web de la Consejería de Sostenibilidad, un descenso abrupto desde los 154 que se hicieron públicos en el año 2024 incluyendo otros sectores y no solo el agroalimentario .

La publicidad de estos informes está regulada y recogida en el artículo 24 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, que obliga a las autoridades a poner a disposición del público los informes de inspección en un plazo máximo de cuatro meses tras la visita in situ, mediante medios electrónicos y sin limitaciones más allá de las establecidas en la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental.

El precepto enfatiza que las actas e informes son documentos públicos, firmados por inspectores, y deben notificarse al titular para alegaciones, asegurando transparencia. La opacidad actual impide a ciudadanos y organizaciones monitorear el cumplimiento, potencialmente encubriendo más irregularidades.

Expertos ambientalistas consultados, atribuyen esta caída a posibles recortes presupuestarios o presiones sectoriales, en un contexto donde Andalucía alberga miles de explotaciones intensivas. «La falta de publicación no solo erosiona la confianza pública, sino que retrasa correcciones urgentes», advierten.