La Junta anuncia un extra de 623 millones para sanidad... con fondos del Gobierno

Las plataformas contra la fusión hospitalaria seguirán con las manifestaciones ante la falta de acuerdo con el Ejecutivo andaluz. En Huelva ya hay fecha para salir de nuevo a la calle: el 15 de enero

La Junta está haciendo los principales guiños económicos para apaciguar las protestas del sector sanitario con fondos transferidos por el Ejecutivo central a la comunidad. El aumento del objetivo de déficit para 2016 por parte del Gobierno, que pasa del 0,3 al 0,7 por ciento, supone también para Andalucía una dotación extra del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 767,43 millones de euros. De este montante, según acordó ayer el Consejo de Gobierno, 623,1 se dedicarán a sanidad. Así lo expondrá mañana la titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Por otra parte, Susana Díaz trató también el jueves en el Parlamento de rebajar la tensión con los manifestantes, que han protagonizado las protestas más masivas que se recuerdan en las últimas décadas. Entonó un «mea culpa» asumiendo los posibles errores que la Junta haya podido cometer en la reordenación sanitaria y repitió que las fusiones hospitalarias de Granada y de Huelva están en este momento paradas, a la espera de que la Junta pueda pactar con el sector un nuevo modelo. No obstante, el golpe de efecto que tenía reservado fue el anuncio de que 15.000 eventuales estructurales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tendrán una mayor estabilidad laboral al pasar a ser interinos. Para llevar a cabo estas mejoras sanitarias, Díaz aludió a los 150 millones de euros que supondrá el incremento del déficit al que ha accedido el Gobierno para 2017, y que pasará a ser del 0,6 por ciento.

Andalucía, como ya avanzó este periódico, ha recibido desde 2012 hasta el pasado mes de noviembre 29.651,8 millones de euros a través de los distintos mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Gobierno de la nación, la tercera comunidad más beneficiada por detrás de Cataluña y Valencia. Buena parte de este montante ha servido para pagar a proveedores o para los vencimientos de deuda, pero la sanidad ha tenido también un peso sustancial. Prueba de ello es que tal y como puede comprobarse en los datos de liquidez a las comunidades que ofrece el Ministerio de Hacienda, el 74,3 por ciento del Fondo de Facilidad Financiera de 2016 –hasta noviembre– lo ha dedicado la Junta a sanidad, por debajo en cualquier caso a la media de las comunidades (76,7 por ciento). La Junta también ha dedicado del Fondo de Facilidad Financiera un 1 por ciento a educación –muy por debajo de la media (2,8 por ciento), el 5,6 por ciento a servicios sociales y un 17,3 por ciento a otras áreas. El montante de liquidez para 2016 ha sido de 4.229,8 millones de euros.

Con todo, a pesar de la paralización de las fusiones y de los guiños económicos, la Junta no consigue sofocar el descontento del sector, que de nuevo se va a echar a la calle. Las plataformas en defensa de la sanidad pública en Granada decidieron ayer seguir con las movilizaciones para que finalmente se establezcan «dos hospitales completos con carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas e integrales». Así lo indicó a Europa Press la portavoz de la plataforma «Granada por su salud», María José Vílchez, quien anunció que esta semana solicitará una reunión con la directora gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López, con el objetivo de volver a poner sobre la mesa el documento sobre los dos hospitales «que fue firmado por todo el mundo». Hay que recordar que la Junta ha llegado a un acuerdo con un grupo de sindicatos en Granada –CC OO, UGT, CSIF y Satse–, pero se han descolgado las plataformas ciudadanas, USAE y Sindicato Médico.

En Huelva, la plataforma «Huelva por una sanidad digna» puso incluso fecha a las próximas movilizaciones: el 15 de enero. La reunión durante cuatro horas que mantuvieron ayer con el gerente del SAS, José Manuel Aranda, y el delegado de Salud de Huelva, no sirvió para contentarlos. Reclamaron no sólo la paralización efectiva de la fusión de los dos hospitales, sino que además la Junta retire el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.

Las críticas no se agotan en la fusión. Expusieron la situación en la que se encuentra la atención primaria, «con falta de médicos de familia, personal de enfermería, pediatras, matronas y personal en general», según detallan a este periódico fuentes presentes en la reunión. Asimismo, pusieron sobre la mesa que Huelva «es la única provincia sin unidad del dolor, sin unidad de ictus y con deficiencias en casi todas las especialidades». En la misma línea, señalaron que «no es tolerable que exista una sola ambulancia para críticos compartida con la provincia de Sevilla los fines de semana». El gerente del SAS se mostró «cordial», pero entienden que se comprometió sólo a estudiar la situación sin «hechos ni compromisos concretos».