La Junta culpa a los propios interinos de infantil de su abandono laboral

«El procedimiento funciona, aunque hay cosas mejorables». La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, reduce la problemática actual del profesorado de infantil a «situaciones puntuales» y aunque advirtió que las quejas del colectivo son «razonables», llegó a responsabilizar a los propios interinos que llevan años esperando ser llamados para trabajar a la falta de disponibilidad de éstos, pues sólo 102 están dispuestos a cubrir sustituciones en una provincia y más de la mitad, 152 de los 308 existentes, sólo ofrecen tres provincias como posibles destinos, «lo que reduce las posibilidades». Frente a la posición reivindicativa de Ciudadanos, Podemos y PP, esgrimió que han contabilizado hasta 49 renuncias a puestos ofertados.

La problemática real que traslada el colectivo, agrupado en la plataforma Padei, fue respaldada por la oposición: en muchos casos las sustituciones no las hacen profesionales de educación infantil, sino maestros de apoyo y de Primaria, con sus efectos colaterales; se aumenta la ratio y se suprimen líneas; la bolsa no se ha movido desde 2011, hay 308 interinos sin trabajar desde entonces y 4.000 aspirantes pierden sus notas sin haber llegado a trabajar, reduciéndose los llamamientos un 45%.

La Junta reitera que un dato a tener en cuenta a la hora de hablar de segundo ciclo de infantil es el descenso de la natalidad (723 unidades perdidas en los últimos años). El próximo curso se ofertarán un total 96.350 plazas para niños de tres años que se incorporarán al sistema, lo que suponen 1.475 plazas menos. Respecto a los recursos humanos, en las aulas el número de docentes asciende a 11.572, de los que 10.282 son funcionarios y 1.290 son interinos. «La plantilla tiene un nivel de estabilidad cercano al 89%», dijo la consejera. Al margen del descenso de la natalidad, para justificar la mínima cobertura de bajas, la Junta se escuda en un «nocivo» decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público impuesto por el Gobierno. La ley de presupuestos para 2016 ha suavizado el procedimiento para cubrir las bajas de forma inmediata. En Andalucía hay 202.595 alumnos de infantil en centros públicos y 50.768 en concertados.

Podemos propone un plan de infraestructuras educativas que conecte inversiones con necesidades, alejado de las influencias politicas de los alcaldes y extender la gratuidad de la enseñanza al periodo de cero a tres años, pensando en el descenso de la natalidad. El PP recuerda que el decreto fue una medida «excepcional» y que la Junta ha de «cumplir la ley» en las sustituciones, porque el problema es que no se cubren las bajas en diez días y eso es cuestión de gestión. Y C’s pide la derogación total del decreto del Gobierno de Rajoy y que la Junta de Andalucía «no presione a los directores» con las sustituciones para que tiren de profesores de apoyo.