La Junta da por perdidos 50 millones en impagos del alquiler de pisos sociales

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación ha firmado acuerdos para garantizar el cobro de 43 de los 93 millones que le deben sus inquilinos desde el año 2000

La Agencia pública de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) debería haber ingresado 93 millones de euros más desde el año 2000, en concepto de alquiler por pisos de su propiedad. A esa cantidad asciende la deuda por impago de la renta en sus 50.250 pisos arrendados. La mayor parte de ese dinero, cincuenta millones, es probable que no lo cobre nunca porque los morosos no están dispuestos a alcanzar un acuerdo para saldarlo o ni siquiera reconocen que deben los recibos. En cuanto a los otros 43 millones, la agencia se aferra a los compromisos firmados con sus inquilinos para pagarlos, atendiendo a las posibilidades económicas particulares, según se concluye de la respuesta de la AVRA a una consulta realizada a través del Portal de Transparencia. Esos cincuenta millones suponen algo más de una cuarta parte de su presupuesto anual, que debe a su vez a los bancos cuatrocientos millones de euros.

Al tratarse la mayoría de pisos con un carácter social, la cuota suele ser muy reducida, adaptada a las posibilidades de las familias –llegando a un tope de 34 euros mensuales–. Cuando se produce un impago prolongado, la consejería inicia un procedimiento informativo para tratar de lograr un acuerdo de compromiso de abono por parte de los inquilinos, aprovechando para ello la visita de sus técnicos para verificar que la vivienda en cuestión sigue habitada. Este punto levanta el primer «pero» a la gestión de las miles de viviendas que posee la Junta: ¿está actualizada la situación de los edificios? En su página web, AVRA asegura que transcurre muy poco tiempo desde que se vacía una vivienda hasta que se vuelve a asignar. Sin embargo, en su respuesta a la consulta realizada por LA RAZÓN deja entrever que hasta que no transcurren meses sin cobrar y envían a un funcionario para comprobarlo, no saben que se encuentra desocupada.

Cuando acude a la vivienda, el «agente verificador» –así se denomina esta figura– lo hace con la documentación necesaria para negociar la cancelación de la deuda, en los términos que se adapten a la capacidad de pago de cada familia, según detalla el escrito. Fruto de estas negociaciones son los 18.396 compromisos de abono de deuda firmados desde el año 2000, que permitirán recuperar casi 43 millones de euros. La media es de 2.337 euros por inquilino, una cifra bastante elevada y que equivale a más de cinco años sin pagar el alquiler si la renta fuera del máximo establecido de 34 euros.

De esa cantidad habría que restar 2,2 millones que AVRA está reclamando por vía judicial, a través de monitorios, que afectan a 410 familias andaluzas. La deuda media se elevaría hasta los 5.366 euros por piso. Se trata de procedimientos rápidos para cobrar en los que el demandante, en este caso la Junta, debe acreditar documentalmente la deuda existente, algo en principio fácil simplemente con los extractos bancarios. «En caso de que se incumplan de manera injustificada los pagos acordados, la agencia está obligada por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía a reclamar dichos ingresos», explica AVRA.

Todavía quedarían otros cincuenta millones de euros en el limbo. El conflicto de la morosidad en el parque público de viviendas viene de atrás y se ha agravado en los últimos años, elevando el índice de impagos al 49%. Esto significa que más de 25.000 familias deben dinero a la Junta.

El gran número de inmuebles gestionados es sin duda una de las principales trabas de su funcionamiento. Serían necesarios más recursos para poder controlar si su uso es el adecuado. Hace unos años, se destaparon fraudes como adjudicatarios de viviendas sociales con pisos en propiedad que los usaban de residencia de verano; o familiares de beneficiarios fallecidos que continuaban en los pisos sin tener derecho.

La Junta suele responder a estas críticas aduciendo el carácter social y la debilidad económica de muchas familias. Pero son muchas también las que no pueden acceder a un alquiler asequible mientras se benefician otras que deliberadamente incumplen sus obligaciones, pese a las facilidades por parte de la Administración. De hecho, la consejería permite solicitar la revisión de la renta a quienes han sufrido algún revés, rebajándola hasta un 75% aunque tengan atrasos si justifican su situación.