La Junta de Andalucía mantiene «en tramitación» el ajuste de medios para luchar contra el fraude

Aún no se ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Agencia Tributaria

Fuentes sindicales temen que se trate de «otra promesa que se queda en nada»

«El fraude fiscal es un fenómeno complejo, ya que la determinación de su origen, causas, tipos y manifestaciones precisa tomar en consideración diversos factores de distinta naturaleza (sociológicos, culturales, éticos, económicos y normativos)», por lo que el combate contra éste «requiere una respuesta de la Administración organizada, permanente, coordinada, planificada y adecuadamente dimensionada», se asevera en la memoria justificativa del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2018-2019 de la Junta, con el que se pretende afrontar el fenómeno «desde una triple perspectiva: prevención, cooperación y control tributario». En ese escenario, repleto de buenas intenciones, LA RAZÓN ha preguntado, a través del portal de transparencia del Gobierno autonómico, si se ha llevado a cabo ya o no alguna modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Agencia Tributaria andaluza para dotarla de mayores medios con el fin de poder abarcar los ambiciosos objetivos fijados en el mencionado programa y, de ser así, en qué ha consistido el cambio. Y ello porque en el texto del acuerdo por el que el Consejo de Gobierno «tomó conocimiento del plan especial», localizable también en la web del Ejecutivo andaluz, se aseveraba que para que la agencia pudiera llevar a cabo esas actuaciones se precisaba «una mayor autonomía y dotación de medios tanto personales como materiales y tecnológicos». De ahí que se tuviera que alterar la RPT con la vista puesta en que «todo el personal» dependiera «tanto orgánica como funcionalmente de la misma» y en hacer «un catálogo flexible» que se pudiera «adaptar a la realidad» de cada momento. Ello «teniendo en cuenta la necesidad de avanzar en dotar de mayores medios a la Inspección como principal unidad en la lucha contra el fraude fiscal», en lograr «una recaudación ejecutiva propia, con todas las fases del procedimiento recaudatorio», y en «la posibilidad de asumir la competencia en fase de control extensivo –gestión–, de tasas o cánones actualmente delegados en la consejería de la Junta de Andalucía».

Tras analizar la solicitud de este periódico y llevar a cabo «las comprobaciones necesarias para establecer» si le eran «aplicables los límites al derecho de acceso establecidos en los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», así como lo estipulado en «los artículos 25 y 26 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía»; el director de la Agencia Tributaria autonómica, ente dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha resuelto conceder el acceso parcial a los datos demandados por este diario. Y lo ha hecho para admitir que la variación en la relación de puestos de la agencia «se encuentra en tramitación» aún, pese a acercarse el final del tercer trimestre del primer año del plan contra el fraude. Explica luego que «los trámites llevados a cabo de cara a su aprobación y publicación han sido los siguientes» por el momento: el pasado 24 de julio se aprobó «en Consejo Rector» la propuesta de «inicio de modificación» de la RPT y luego, el 31 del mismo mes, se remitió ésta, «a través del registro de entrada de la Dirección General de Recursos Humanos de Función Pública» del Ejecutivo regional. Fuentes sindicales temen que sea otro caso de «promesa que queda en nada» al no proporcionarse a la entidad que «debe actuar el personal para hacerlo». Desde la oposición se ha exigido a la Junta que aumente el número de efectivos en otros organismos como la Cámara de Cuentas para que ésta pueda desarrollar su labor en la pelea contra la tozuda corrupción.