La Junta endurece sus críticas por la suspensión de la ley antidesahucios

sevilla- La Junta de Andalucía endureció ayer sus críticas tras la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la denominada ley antidesahucios. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, aseguró que esta medida genera una «desprotección masiva» de los derechos de las familias, tras un recurso del Gobierno central que es «una crueldad». El Gobierno andaluz pedirá que se levante esta suspensión y, como argumento, expondrá la comparación la Ley de Vivienda de Cataluña, que permite a los ayuntamientos sancionar a las viviendas vacías y que no ha sido recurrida por el Gobierno. «No sé si es que Rajoy 'ningunea' a la autonomía andaluza», apostilló la consejera, quien recordó que planteó dialogar «antes de ir a los tribunales», lo que, para ella, supone que está «en contra de las familias y a favor de los especuladores y las entidades financieras». Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, criticó que «haya más defensa del sector bancario que de las familias desahuciadas» por parte del Gobierno, ya que la ley andaluza es «totalmente constitucional y favorecedora de las familias». Igualmente, ha mostrado su confianza en que el Tribunal Constitucional «dé la razón» al Gobierno andaluz. De su lado, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, defendió que el Ejecutivo ha puesto a disposición de las familias más desfavorecidas 859 viviendas a través del Fondo Social de Vivienda, al tiempo que pidió a la Junta que ofrezca el parque de viviendas vacías de la empresa pública EPSA. Crespo aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno son «la forma más equilibrada y eficaz de ayudar a las familias más defavorecidas» y reclamó a la Junta que «impulse políticas sociales que ayuden a los colectivos más necesitados sin crear inseguridad jurídica». A su juicio, las medidas del Gobierno están empezando a dar sus frutos y ya hay datos reales que indican que los desahucios están bajando.