La Junta espera gestos del Gobierno antes de las elecciones

El Consejo de Gobierno habitual de los martes transcurrió sin que en él se deliberara sobre el adelanto electoral en Andalucía. Los plazos legales obligan a que la convocatoria ya no pueda celebrarse hasta diciembre. El día 2 y el 16 se postulan como los más lógicos, toda vez que el día 9 coincide con el puente de la Constitución y el 23 y el 30 con época navideña. Aún así, como recordó ayer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, la potestad corresponde únicamente a la presidenta Susana Díaz y hay tiempo «hasta marzo».

En la Junta, de momento, esperan la decisión de Díaz y responsabilizan a la oposición del clima de «incertidumbre» que se ha generado en torno a la fecha de las elecciones. Mientras tanto, y ante la previsible falta de apoyos en el Parlamento andaluz, confían en que las buenas noticias lleguen desde el Gobierno central.

La reunión del próximo lunes entre la ministra de Hacienda María Jesús Montero y el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano está marcada en rojo. A falta de acuerdo sobre financiación autonómica, que era la gran exigencia al Gobierno de Rajoy, la administración autonómica espera un compromiso sobre la supuesta deuda pendiente en materia de inversiones.

La Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía señala que la inversión del Gobierno central destinada a la comunidad «será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años». En el periodo comprendido entre 2008 –fecha de aprobación del citado texto– y 2014 no se ha respetado este mandato ya que el Gobierno entendía que una administración no puede exigir a otra el destino de sus inversiones –el Estatuto catalán obligaba al Estado a invertir en su territorio en función del PIB y el Constitucional rechazó esta exigencia–. La Junta tiene hecha sus cuentas y reclama 2.298 millones por este concepto. Blanco confió ayer que se cumpla este precepto y recordó que el Gobierno anunció un Consejo de Ministros en Andalucía antes de final de año. La convocatoria electoral sigue en el cajón.

Toma más distancia con el separatismo

La relación fluida del Gobierno con los separatistas catalanes siempre ha sido contemplada con escepticismo desde Andalucía. Conocida es la postura de Susana Díaz, que no ha sido entendida dentro de su propio partido. Desde el lunes por la noche y ante los sucesos protagonizados en el Parlamento catalán, la Junta ha elevado el tono. Blanco aseguró ayer que «es absolutamente insólito e intolerable que el presidente de una comunidad sea capaz de alentar y de llamar a apretar a un movimiento de corte totalitario como son los CDR». Este enfriamiento de relaciones no le viene bien al PSOE andaluz de cara a las elecciones.