La Junta exige 18 millones por los cursos a UGT, que irá a los tribunales

El sindicato, que afirma que ha justificado el uso del dinero, presentó un recurso para no devolverlo al que no se respondió en cuatro años. El Ejecutivo regional ha pedido documentación también a la CEA

El sindicato, que afirma que ha justificado el uso del dinero, presentó un recurso para no devolverlo al que no se respondió en cuatro años. El Ejecutivo regional ha pedido documentación también a la CEA

Es la historia de un desencuentro. El Gobierno andaluz, en concreto la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha enviado a UGT-A un requerimiento de reintegro por valor de 18 millones de euros. El origen de esta reclamación es una subvención de 12,5 millones que el Ejecutivo autonómico otorgó al sindicato el 15 de octubre de 2007, en virtud de un convenio de colaboración armado con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir los costes de ejecución de unos cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) que iban destinados a desempleados, según admite la propia organización sindical. La mencionada cuantía de fondos públicos se abonó en su totalidad en 2007 y al término de la actividad formativa, el 31 de diciembre de 2008, UGT-A presentó, dentro del plazo legal establecido, documentación justificativa del uso que dio a la ayuda. Si bien, al año siguiente, la Junta requirió más datos a la beneficiaria, como luego haría en 2011, según el relato del Gobierno regional. El tiempo es lento en la maraña burocrática y ya en marzo de 2014, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo dictó una Resolución de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo de Reintegro que acabaría con la exigencia de la devolución del dinero en septiembre de 2015. UGT-A interpuso un recurso de reposición aquel año y solicitó que no se ejecutara la resolución. Esto último se concedió, pero el recurso en sí no se contestó. Más tiempo.

Todo eso sucedió con gobiernos andaluces socialistas. Con la llegada del Ejecutivo actual de PP y Ciudadanos, se detecta que ese procedimiento prescribía el pasado 19 de octubre y este septiembre, tras analizar la documentación existente, resuelve el recurso confirmando la resolución de reintegro. Llegados hasta ese punto, UGT debe afrontar la devolución de los 12,5 millones de la subvención, más 5,5 correspondiente a los intereses. En total: 18 millones de euros.

Pero no hay narración sin fisuras. La organización sindical defiende que ha demostrado «de forma fehaciente y reiterada» que todos los cursos vinculados a esa ayuda se realizaron y que todos los alumnos «recibieron la formación programada». En una nota cuantificó las acciones formativas en 341, de las que se beneficiaron 4.530 personas, 2.620 «consiguieron trabajo» y «más de un millar con contratos de más de seis meses», de acuerdo a lo que sostiene UGT-A.

Para la organización sindical, la polvareda se reduce a «cuestiones administrativas» y una vez agotada esa vía sin entendimiento con la Junta, sólo les queda «acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa», que es lo que anunciaron ayer que harán. Llevarán al Gobierno andaluz a los tribunales. Aunque el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, deslizó que quieren «hablar» con el sindicato al tratarse de documentos y cantidades de la etapa», según recogió Ep.

La gestión de UGT-A de una serie de ayudas públicas también acabó en un juzgado, el de Instrucción número 19 de Sevilla, que aún ovilla una causa.

El de la entidad sindical es el expediente de reintegro más avanzado por el nuevo Ejecutivo regional, pero no el único. En los últimos días la Junta también ha hecho llegar una comunicación de revisión y aportación de documentación a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por ayudas a la formación.