La Junta gastará casi 600.000 euros en un diagnóstico sobre zonas de exclusión

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales contratará a una empresa externa para que le diga dónde y cómo

debe actuar con vistas a 2018

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales recurrirá a una empresa externa para que le facilite un diagnóstico y un posterior diseño y elaboración de la estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía. A pesar de los recursos –técnicos y de personal– que se le presuponen a la Administración en un tema tan sensible como la exclusión social, el Gobierno andaluz invertirá 568.700 euros en un estudio, confinanciado por el Fondo Social Europeo al 80%, para poner en marcha el programa «Actuación Integral en zonas desfavorecidas» para el periodo 2016-2020. Como dato relevante, cabe señalar que este costoso informe, que ha salido a licitación esta semana y al que se podrán presentar empresas hasta el 9 de septiembre, quedará dividido en dos lotes con un plazo de realización de nueve meses y un año, respectivamente, con lo que la puesta en marcha del programa difícilmente tendrá lugar antes de 2018.

Educadores y trabajadores sociales consultados por este diario admiten que «el sistema actual falla», aunque ponen el acento en obviedades conocidas por las administraciones implicadas en los programas actualmente en marcha: «Inexistencia de continuidad en las intervenciones, falta de coordinación entre ayuntamientos y la propia consejería, dotación presupuestaria insuficiente que se traduce en medios humanos limitados, falta de plantillas específicas en áreas municipales de asuntos sociales...». Cuestiones que redundan en el método y la estrategia pues se dan por conocidos los espacios de actuación.

La Consejería se basa en un estudio sobre «Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos de Andalucía» editado por el Centro de Estudios Andaluces en 2008 para justificar la necesidad de este macro-informe de las ocho provincias, en el que se decía entonces que «861.135 andaluces, el 10,8% de la población, reside en zonas desfavorecidas y algo más de la mitad de ellos (437.235, el 50,77%) en zonas muy desfavorecidas»; que «algo más del 19% de los habitantes de las grandes ciudades habitan en zonas desfavorecidas, mientras en los entornos rurales o en las ciudades intermedias el porcentaje apenas supera el 6%, para elevarse al 8% en las coronas metropolitanas».

Datos desfasados como demuestran los estudios que periódicamente se publican de organizaciones como Cáritas, la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Socialesy de Sociología Aplicada) o el propio Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía y Conocimiento que ofrece datos más actualizados. De hecho, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social situaba al 42,3% de la población andaluza en riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, 3,5 millones de personas, hace fechas recientes.

En 2013, el decreto de medidas extraordinarias y urgentes sobre la lucha contra la exclusión social en Andalucía elevó a 51 las Zonas de Necesidades de Transformación Social, en las que concurrían «situaciones estructurales de pobreza grave y marginación», dando paso a los proyectos de actuación integral, que como en el caso del Polígono Sur, en Sevilla, se han comprobado insuficientes en cierta medida por la falta de consenso entre administraciones para abordar los problemas.

La Junta ahora pretende que una empresa externa establezca «nuevos parámetros que determinen la situación de desigualdad, tanto los relativos a la calidad de vida de las personas como los relacionados con el propio territorio, lo que permitirá fijar dintintos niveles de intervención, así como el conjunto de indicadores que permitan evaluar los avances y, reorientar, en su caso, las actuaciones».

En una segunda fase se elaborarán Planes Locales a realizar por la administración municipal, bajo la superivisión de la Junta (algo similar a lo que ahora se hace con los programas Zonas). La plantilla mínima para la realización del trabajo por parte de las empresas que opten a los dos lotes en los que se divide será de 17 personas, 11 y 6, respectivamente.

La inversión de un año en Sevilla capital

Confinanciado en un 80% con fondos europeos, el proyecto está dividido en dos lotes de 225.000 y 250.000 euros (sin IVA), por una parte para el diagnóstico y por otra para la estrategia. La cifra global, impuestos incluidos, asciende a 568.700 euros, muy cercana a la que aporta anualmente la Junta al programa Zonas en Sevilla capital, donde el Ayuntamiento de Juan Espadas tuvo que adelantar el dinero en marzo para que la atención a los desfavorecidos no se paralizase durante meses como ya ocurrió el año pasado. La comparativa se eleva a tres años de inversión con respecto a la barriada Santa Isabel en San Juan de Aznalfarache, otro de los 51 puntos en los que hasta ahora se había trabajado.