La Junta judicializa las inversiones estatales por «ignorar» el Estatuto

La Junta desconoce los datos sobre ejecución presupuestaria del Gobierno central en Andalucía de los últimos tres ejercicios (2010, 2011 y 2012), unas cifras que ha solicitado formalmente, y sin éxito, al Ministerio de Hacienda, según explicó ayer el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Antonio Ávila expuso este motivo como el principal para justificar el recurso judicial que va a presentar contra el Estado y que, aclaró, están preparando los servicios jurídicos de la Junta. El recurso, que no será de inconstitucionalidad si no por la vía contencioso-administrativa, no afecta a la deuda ya certificada en su día por Madrid respecto a los ejercicios 2008 y 2009 del Gobierno de Zapatero.

Tras la celebración del Consejo de Gobierno, el consejero informó de que se ha optado por esta vía ante la «imposibilidad de llegar a una solución pactada» con el departamento que dirige Cristóbal Montoro. En este sentido, insistió en que se trata de actuar «en defensa de los intereses de Andalucía» al no haber sido atendidos sus requerimientos en relación al reconocimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía relativa a las inversiones del Estado en la comunidad.

El recurso también incluirá la negativa del Ministerio a constituir una comisión entre la Junta y el Gobierno, contemplada en el propio Estatuto, para dilucidar los aspectos relativos a los Presupuestos Generales del Estado (PPGE) para la comunidad.

Ávila acusó al ministro de «ignorar el Estatuto de Andalucía», que recoge que las inversiones estatales deben fijarse en función del peso de la población andaluza en el total nacional, el 17,8%.

También rechazó el consejero el argumento esgrimido por Montoro de que la comisión bilateral entre la Junta y el Gobierno no tiene competencias en materia de inversiones. Según dijo, como toda respuesta desde Hacienda le invitaron a consultar a la página web del Ministerio, informa Efe.

Con esta postura el Gobierno «no reconoce el derecho de Andalucía» a recibir las inversiones de los presupuestos del Estado en función de su peso población y, además, está haciendo un «ejercicio de reirse de los andaluces», denunció Ávila. Como prueba de que el Gobierno discrimina a Andalucía, el consejero señaló que las inversiones por habitante del Estado en Andalucía bajaron un 52% en 2012 y 2013 respecto a los dos años anteriores, mientras que en el resto de España el descenso fue del 42%, otro episodio más de confrontación.

El recurso de la Junta se produce tras el escrito de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras, en respuesta al requerimiento que le hizo el consejero de Economía de información de la ejecución de las inversiones del Estado en 2010, 2011 y 2012.

«Es curioso que la secretaria de Estado cite una sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 que hace referencia al Estatuto de Cataluña pero señalando como argumento el fundamento 181 cuando ésta es una sentencia que tiene 147 fundamentos», advirtó. Aunque a preguntas de los periodistas atribuyó este hecho a «una equivocación» numérica –que podría hacer referencia al fundamento 138 y no al 181–, el consejero remarcó que forma parte de un «despropósito general». En este sentido, eludió la comparación entre ambos textos al entender que aunque el catalán refleja también un porcentaje de las inversiones del Estado para la comunidad, el andaluz «no ha sido recurrido por el PP como sí lo fue el de Cataluña».

En otro escenario, el número dos del PSOE-A, Mario Jiménez, también se pronunció para reclamar al Ejecutivo de Mariano Rajoy el cumplimiento de la citada disposición tercera del Estatuto. Anunció que su partido desplegará «toda su capacidad» para exigir que se abonen los 1.504 millones de euros que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero «certificó» en concepto de inversiones no ejecutadas en los años 2008 y 2009.

El vicesecretario general del PSOE-A criticó que la Secretaría de Estado de Presupuestos haya rechazado abonar la deuda que el Gobierno central «tiene contraída», lo que supone una «agresión» al Estatuto de Autonomía. «La respuesta del Gobierno va directamente contra las posibilidades de recuperación económica de Andalucía», acusó Jiménez, que aseguró que el Parlamento de Andalucía y las Cortes tendrán que pronunciarse sobre esta cuestión. A su juicio, con la respuesta recibida de la secretaría de Estado de Presupuestos se ha trasladado un «mensaje intolerable», ya que «viene a decir que la certificación de los 1.504 millones de euros como deuda viva del Gobierno central con Andalucía no tiene ninguna validez». El PSOE ha abierto otra vía para atacar al Ejecutivo de Rajoy.