La Junta «no aprecia razones» para mantener la suspensión

La jueza de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dictado una providencia en la que afirma que la Junta de Andalucía le ha remitido un oficio, con una redacción «poco clara», en el que «la administración no aprecia razones» para suspender la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

La providencia señala que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta le ha respondido, en un oficio sin firmar, al requerimiento que le hizo el 10 de agosto. En esa contestación de la Junta se desprende, «de su redacción poco clara, que la administración no aprecia razones que justifiquen suspender los efectos derivados de la adjudicación» de la mina, que la Junta adjudicó el 20 de febrero pasado a Minorbis-Grupo México. La jueza también señala que la aceptación del concurso se habría verificado de forma regular por la entidad aceptante Minera Los Frailes, en la que Grupo México tiene una participación mayoritaria. Anuncia la jueza que, tras la petición de la empresa perdedora, Emerita Resources, se ha confirmado que se mantienen en la cuenta corriente los 92 millones de fondos propios que el grupo ganador depositó para aceptar la adjudicación, más dinero del que obligaba el pliego de condiciones, según el grupo México-Minorbis.

La jueza, para «descartar las dudas sobre simulación de negocio» que planteó la acusación particular, requirió a Minorbis para que acreditara la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados correspondientes a la ampliación de capital del 8 de mayo de 2015, en la que se depositaron los 92 millones de euros.

En otro oficio sin firmar de Industria se desprende, según la jueza, que «tiene por objeto un borrador de resolución por la que se archiva el procedimiento iniciado para establecer una condición cautelar suspensiva en los efectos de la aceptación de la adjudicación de los derechos mineros sobre la reserva minera de Aznalcóllar la decisión de archivar el procedimiento administrativo en cuestión».

Todo ello, el mismo día que el experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Juan José Negro Balmaseda, que realizó un informe aportado por la Policía a la causa donde se investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ratificara que el proyecto de Minorbis contenía «errores aritméticos», aunque admitiendo haber analizado únicamente seis folios de los casi 3.000 que conforman dicho proyecto.

La jueza también tomó declaración como testigos a un trabajador de la mina y al encargado de la depuradora existente en las instalaciones, a quienes citó para que aclaren «la situación real». Estos dos trabajadores aseguraron que la depuradora funciona, «nunca se ha abandonado» y que podría estar disponible en una semana.