La Junta no dota de presupuesto la ley «pionera» para frenar la obesidad

El Consejo Económico y Social advierte de que su eficaz desarrollo exige fondos que deben preverse en una memoria

Tenían el relato: el 18,7 por ciento de los andaluces adultos y el 22,5 de los niños padecen obesidad y la comunidad iba a volver a ser «pionera» en el ámbito normativo estatal al convertirse en la primera en regular por ley el tratamiento de esa enfermedad y el fomento de una vida saludable en general. Hace casi un año, en octubre de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el anteproyecto para hacerlo, un texto que contemplaba entre otras medidas el fomento de los menús saludables en los comedores escolares y en los restaurantes, el acceso gratuito al agua potable en los lugares públicos o la promoción entre los menores de la realización de cinco horas de ejercicio físico a la semana. En este entretiempo, el documento ha sufrido algunas modificaciones y ha pasado por el tamiz de varios organismos, uno de ellos ha sido el Consejo Económico y Social (CES) autonómico, al que la Consejería de Salud le remitió la norma el pasado septiembre. Ya se ha pronunciado sobre el Anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada en Andalucía, en un dictamen aprobado en pleno el 2 de octubre y consultado por LA RAZÓN, del que se puede extraer que sólo con la magia de la innovación puede que no alcance para hacer historia.

El consejo llama la atención sobre el hecho de que, de acuerdo a la memoria económica que acompaña a la norma, ésta no contará con dotación económica, de forma que «todas las actuaciones y medidas que se han de desarrollar tendrán que integrarse en programas y actuaciones ya existentes», se explica en la resolución. Y se añade: «Para alcanzar la plena eficacia y efectividad de esta ley es necesario que la misma cuente con un presupuesto adecuado para su puesta en marcha e implementación». Desde esa convicción, el CES plantea que, al margen de «cómo se canalice « en las cuentas y «bajo qué conceptos y partidas» a las que se pueda recurrir, existe una realidad: «La norma y determinadas medidas contempladas en la misma, exigen recursos económicos y requerirán de cobertura presupuestaria y, por ello, debió estar previsto en la memoria económica».

El ente económico lo tiene tan claro que insiste en la idea: «Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley no bastará con reforzar las medidas de carácter legislativo, sino que también será necesario contar con recursos económicos», condensa en su dictamen de 32 páginas.

No es el único punto en el que coloca la lente, «sin perjuicio de la valoración positiva de la norma y de sus objetivos». En relación al contenido, el CES advierte de que éste «resulta excesivamente programático». De hecho, destaca, en línea con el gabinete jurídico del Gobierno autonómico, dice, «las consideraciones hechas recientemente por el Consejo Consultivo de Andalucía» en un dictamen de mayo de este año que «resulta plenamente de aplicación al presente caso». ¿En qué sentido? En el de que «la abundancia de principios, objetivos y enunciados programáticos, sin fuerza vinculante, desnaturaliza el papel ordenador de las leyes y merma la consideración de los ciudadanos sobre la eficacia real de las disposiciones de superior rango, especialmente cuando reiteran principios rectores u objetivos que se encuentran claramente proclamados en la Constitución, en los estatutos de autonomía o en otras normas integrantes del bloque de la constitucionalidad...».

Para el consejo económico, «las leyes han de tener contenido regulativo preciso, que asegure su eficacia y no deben limitarse a reproducir aspectos ya recogidos en preceptos de otras normas» como, entiende, ocurre con el anteproyecto para una vida saludable. Considera, asimismo, que no sólo deben «reforzarse las medidas de carácter legislativo, evitando caer en los riesgos de una hiperregulación ineficaz», sino que es preciso además que «las medidas que se aborden vayan acompañadas» de más «dotación de recursos» y de «la necesaria participación y el mayor consenso posible con el conjunto de los sujetos que se verán implicados: administraciones públicas, agentes económicos y sociales, y la sociedad en su conjunto».

El CES hace notar en su dictamen otra cuestión ligada precisamente a los informes que acompañan a la norma y que han contribuido a conformar su valoración sobre la misma: «Se ha echado en falta –asevera– el informe de la Dirección General de Comercio». A su juicio, hubiera sido «de interés» conocer sus apreciaciones «dados los efectos que la norma puede desplegar en su ámbito competencial». Aboga también por que se cuente con las organizaciones sindicales, empresariales o de consumidores para desarrollarla.