La Junta no extingue entes públicos para que conserven «un mayor valor»

La reordenación del sector público empresarial es un asunto recurrente cada vez que se disecciona el funcionamiento del sector público empresarial. En la pasada legislatura fue un motivo de fricción entre el PSOE e IU ya que este último partido, que gobernaba en coalición con los socialistas, admitió que existía «grasa» política en la administración regional. En la actual legislatura, el acuerdo de investidura entre el PSOE y Ciudadanos también recogía el compromiso de reducir la administración paralela, un asunto en el que apenas se ha profundizado.

El partido que lidera Juan Marín se ha contentado con la liquidación de los consorcios, una cuestión que ya estaba en la agenda del PSOE. Otros entes públicos apenas han sufrido modificaciones y el presupuesto autonómico aún contempla otra serie de entes carentes de actividad pero que aún están formalmente incrustados en la administración autonómica. Según una respuesta parlamentaria de la ex consejera de Hacienda y Administración publica María Jesús Montero a la diputada no adscrita Carmen Prieto existen dificultades legales para cerrar de manera definitiva algunas empresas. Así, en la contestación consultada por este periódico, la actual ministra señala que «en contestación a la iniciativa parlamentaria relativa a la liquidación de entes instrumentales prevista en el acuerdo alcanzado entre los grupos PSOE y Ciudadanos sobre el Presupuesto 2017, se comunica que (...) se están preparando las cuentas y planes de actuación de la Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz conforme al formato requerido en el Registro de Fundaciones, al tiempo que se realizan gestiones para posibilitar el traspaso de los fondos de la Fundación a la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol para realizar proyectos de investigación».

Por otra parte, «en relación con Promonevada SA., la Comisión Liquidadora ha procedido a la venta de todos los activos de la sociedad y solo mantiene las acciones por su participación en la sociedad Apartahotel–Trevenque–SA. Las gestiones para la venta de estas acciones se han dilatado dada la existencia de socios particulares y la explotación del establecimiento en régimen de aprovechamiento por turno, lo que hace más compleja su venta a precio razonable. No obstante, se están planteando diversas alternativas que permitan la liquidación de ambas sociedades en el menor plazo posible». Y concluye su respuesta apuntando que «se acordó continuar con la actividad empresarial de estas sociedades durante el proceso de liquidación, ya que los activos de una empresa en funcionamiento conservan un mayor valor, de ahí su reflejo en los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma».

Aunque la respuesta se refiere al Presupuesto de 2017, las cuentas públicas del presente ejercicio 2018 contemplan a las dos entidades citadas. En concreto, figuran en un apartado denominado «entes en proceso de extinción, liquidación o disolución».

Hay que recordar que un reciente informe de la Cámara de cuentas sobre la fiscalización de regularidad del Grupo Cetursa, S.A., Promonevada, S.A., Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A.U. y Apartahotel Trevenque, S.A. ejercicio 2015 desveló una serie de irregularidades. Entre otras cosas, apuntaba que los cambios que se aprobaron a finales de 2014 en el organigrama de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, «podrían no obedecer a una mejor gestión empresarial» sino a evitar la reducción de retribuciones del personal directivo con el «consecuente menoscabo de los fondos públicos», en lo que aprecia una «vulneración» de la normativa aplicable.

La gestión de La Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz también ha sido objeto de polémica desde hace varios años. En 2013, este periódico publicó que en 2004 la fundación había invertido 403.375,37 euros en preferentes de la entidad financiera Banesto. Según la última auditoría reflejada entonces en la cuenta general de la Junta de Andalucía correspondiente a 2011, al cierre del ejercicio, la pérdida de valor era de 156.638,89 euros. Este asunto provocó que la entonces consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo tuviera que dar explicaciones en sede parlamentaria.

Ambas entidades siguen reflejadas en las cuentas públicas de la Junta.