La Junta no ve ya malversación en los avales de IDEA sino fraude en subvenciones

Apoya que se archive la investigación contra exconsejeros socialistas y excargos de la agencia pública por prevaricación y malveración y se abran nuevas diligencias a las empresas que recibieron estos fondos también implicadas en los ERE

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, dependientes de la Consejería de Presidencia que en el nuevo gobierno dirige el popular Elías Bendodo, han apoyado la solicitud del ex consejero socialista de Innovación Martín Soler y el ex director de IDEA Jacinto Cañete para que se archive la investigación por presuntos delitos de prevaricación y malversación en avales concedidos por la agencia pública a empresas.

La noticia, que adelantó este miércoles Diario de Sevilla, llamó la atención por el cambio de postura del Gobierno andaluz, personado como acusación particular en la causa bajo la dirección del PSOE y que ahora gobernado por PP -partido que ejerce la acusación popular- y Cs apoyaba el archivo de la misma y la apertura en cambio de nuevas diligencias por fraude en subvenciones contra los empresarios que recibieron las ayudas.

La Consejería de Presidencia aclaró en una nota que "el Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado alegaciones"contra la solicitud de sobreseimiento de Soler y Cañete "partiendo de los indicios que se desprenden de las diligencias practicadas hasta el momento". Según esas diligencias, añade, "se aprecian indicios de falseamiento en algunas solicitudes de avales", uno de los tipos del delito de fraude en subvenciones castigado en el Código Penal con entre uno y cinco años de cárcel.

Por ello, se ha pedido a la Justicia que investigue ese presunto delito en las "empresas implicadas en el fraude de los ERE"para "depurar"responsabilidades y alerta "del riesgo que comporta para la investigación de tales hechos el tiempo transcurrido"que puede conllevar la prescripción. La causa fue abierta por la jueza Mercedes Alaya y actualmente continúa en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla bajo la dirección de María Núñez.

La Junta subraya "su firme decisión de recuperar hasta el último céntimo defraudado a las arcas públicas"y defiende que lo que pretende es "que la investigación se dirija al núcleo del presunto fraude"para que los procesos judiciales "avancen con agilidad y no que se empantanen o eternicen"sin perjuicio de que durante la instrucción se pueda ampliar a otros delitos.

En esta causa son investigados el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Jose María Rodríguez Román y el ex director de IDEA Jacinto Cañete -los dos últimos juzgados en la pieza política del caso ERE-, además de responsables de 18 empresas que recibieron ayudas de la Dirección General de Trabajo -pagadas a través de IDEA con fondos de la Consejería de Empleo que recibía mediante transferencias de financiación- y también avales de la agencia pública. La presunta falsedad en las solicitudes radicaría en haber ocultado la percepción de las ayudas de Empleo para obtener también los avales de IDEA a los que de haber declarado las otras ayudas podrían no haber tenido derecho.

Por este tipo de delito sólo pueden ser investigados quienes se benefician de las ayudas y no los responsables públicos encargados de concederlas que sí cometen prevaricación y malversación si otorgan las mismas a sabiendas de irregularidades o para beneficio de un tercero.

A diferencia de la acusación particular de la Junta, la acusación popular que ejerce el PP andaluz se ha opuesto al archivo al considerar que de las diligencias practicas se desprenden indicios de delito y que sería "prematuro"dado las pesquisas aún pendientes. Entre ellas recuerda que se solicitó pedir auxilio judicial a la Intervención del Estado al considerar que concurre causa de "anulación o recusación"en el informe pericial elaborado por Rocío Marcos por su condición de interventora de la Junta, informe en el que precisamente se basa la defensa de Cañete para solicitar el archivo. El PP señala en su escrito que no descarta solicitar la investigación de interventores de la Junta en esta causa al igual que en la de los ERE, donde sentó en el banquillo al ex interventor general Manuel Gómez.

La postura de la Fiscalía Anticorrupción aún no se conoce pero no es previsible que apoye el archivo de la causa.