La Junta obvia las consignas de Sánchez ante el desafío catalán

El portavoz del Ejecutivo advierte de que hay que evitar que lo «orgánico» desvíe la atención sobre la crisis institucional

El PSOE-A deberá pronunciarse mañana en el Parlamento sobre la PNL de Cs vetada por Ferraz

Entre las múltiples diferencias políticas entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, posiblemente la que más los distancia a ambos es la idea de Estado. Entre la España plurinacional del primero y el federalismo «igualitario» de la segunda, hay múltiples matices que la actualidad política agranda aún más. Y lo más urgente es la situación en Cataluña, lo más grave –en palabras de Felipe González– «en los últimos 40 años».

En ese contexto, el Parlamento de Andalucía votará mañana una proposición no de ley de Ciudadanos para mostrar apoyo institucional en defensa del Estado de derecho en Cataluña que generó una ruptura del bloque constitucionalista en el Congreso de los Diputados ya que el PSOE votó en contra. Ese escenario se repetirá en la Cámara andaluza, aunque el desenlace se desconoce aún. Si el PSOE andaluz vota en contra, como así se reclama desde la dirección nacional vía carta, Díaz vería erosionado el discurso que ha mantenido sobre este asunto hasta la fecha y que pasaba por respaldar el Estado de Derecho y la actuación del Gobierno ante este órdago de la Generalitat. La otra opción, que cobra fuerza, es que el PSOE muestre su apoyo al texto de Ciudadanos que no fue avalado en Madrid, lo que mostraría un nuevo desencuentro entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. La abstención también haría que el texto salga adelante, ya que el Partido Popular ya respaldó en Madrid la PNL de Cs objeto de debate.

El portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, fue el encargado ayer de ofrecer algunas claves sobre la postura del voto del PSOE. Tras el Consejo de Gobierno y tras la habitual referencia a que se trata de un asunto de los partidos políticos y no del Ejecutivo regional, Blanco alertó de que «en el escenario de inestabilidad que estamos viviendo y ante lo que se avecina, hay que evitar que cualquier problema orgánico pueda desviar la atención sobre el grave institucional que vivimos».

El asunto central es el problema en Cataluña y el referéndum ilegal del próximo domingo y no el choque estratégico que pueda existir entre los intereses de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Tras hacer un llamamiento a lo verdaderamente «importante», el portavoz del Ejecutivo autonómico expresó que «una cosa son los problemas orgánicos y otra el problema institucional y el desafío, que nos obliga a estar todos unidos en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, del cumpliendo de la legalidad y de la defensa de la posición de la Justicia al respecto». Las palabras de Blanco hacen presagiar que el voto de los socialistas andaluces en defensa del Estado de Derecho les llevará a mostrar su apoyo al texto de Cs –o al menos a no votar en contra–, introduciendo los matices que la formación naranja acepte.

Hay que recordar que Albert Rivera rechazó la introducción de las enmiendas presentadas por el PSOE a su texto en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, una que hacía referencia a la necesidad de «abrir un espacio de diálogo y a buscar una salida pactada y legal que permita desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades», una petición del PSOE que incardinaba con la iniciativa de la dirección de Ferraz –aprobada con los votos a favor del PP– de crear una comisión parlamentaria para estudiar la modernización del Estado autonómico. Queda por conocer la disposición de Juan Marín a modificar parcialmente un texto que viene a Andalucía tal cual se presentó en Madrid.

La introducción de alguna enmienda en la PNL sería una victoria del PSOE andaluz, ya que respaldaría el fondo de la misma al tiempo que no sería el mismo texto vetado por Ferraz. Tal y como está redactada y se debatirá en el Pleno este jueves, la PNL insta a que el Parlamento de Andalucía solicite al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que manifieste «su apoyo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de autoridades públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña...»

El segundo punto del mismo manifiesta el «apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos»; el tercer apartado «insta a su vez al Gobierno de la nación a impedir la utilización de recursos públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción del citado referéndum»; y, por último, el cuarto de los puntos «manifiesta su apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de derecho».

La postura mantenida por Díaz en los últimos meses siempre ha ido en esta línea. En cualquier caso, más allá de la votación de la propuesta de Cs, la presidenta de la Junta se ha reservado la pregunta de control al Gobierno del PSOE para debatir con el portavoz de su Grupo el jueves a medio día sobre «defensa del Estado de derecho desde Andalucía». Ahí tendrá su oportunidad de expresar en primera persona su opinión. En el anterior pleno, por ejemplo, Díaz defendió ante la coordinadora de Podemos la vigencia de la Constitución, «el artículo 138.2, que dice que la diferencia entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrá implicar en ningún caso privilegios económicos y sociales» y «el artículo 139.1, donde dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado».