La Junta parchea el acuerdo marco para evitar la judicialización

n términos políticos, Susana Díaz tiene un problema con la Atención Temprana que intenta parchear sin éxito. Socialmente, Andalucía está pagando la falta de concienciación de sus dirigentes y hasta sus negligencias. Más de 20.000 menores de cero a seis años con trastornos o riesgo de padecerlos son las verdaderas víctimas de un derecho al que hoy tienen acceso de forma parcial, a regañadientes por parte del Gobierno socialista y en el que son las propias familias quienes están obligando a dar un giro definitivo a la prestación. El perjuicio que mientras tanto acusan niños y niñas deja un poso de amargura en padres, hermanos y abuelos, cuyos esfuerzos por mejorar las condiciones actuales tienen respuesta con cuentagotas.

Basta con decir que el cacareado acuerdo marco que debía paliar las deficiencias del sistema actual y que, según la Consejería de Salud y la propia presidenta estaba plagado de mejoras que los afectados empezarían a disfrutar a comienzos de septiembre, ha tenido que ser corregido sobre la marcha a instancias del gabinete jurídico de la Junta para evitar la judialización, provocando el consiguiente retraso en su puesta en marcha y con ello el perjuicio de los menores.

Al margen de cuestiones referentes a la formación y a la ratio profesional/menores (fijada en 1/20), la modificación principal del pliego hace referencia a la modificación del «compromiso» de asumir el aumento de la media de sesiones mensuales al menor por la «obligatoriedad» de los licitadores, lo cual conlleva una mayor solvencia técnica y económica por parte de las entidades. Esta cuestión ya fue denunciada por esta diario en mayo, pues la Junta admitía en el anterior pliego de forma expresa que su oferta para solucionar el problema de la Atención Temprana era insuficiente, al dejar sin presupuestar casi el 40% de las sesiones necesarias. «La evidencia científica actual y la experiencia adquirida a través de los años de seguimiento y recogida en el sistema de información de Atención Temprana ha permitido establecer a un grupo de profesionales expertos formados por la Consejería de Salud que la media del número de sesiones de intervención mensual es de ocho al mes por niño o niña», pero «la disponibilidad presupuestaria existente conlleva que en el presente acuerdo marco se contemple, inicialmente, un número medio de sesiones de cinco al mes por niño o niña», se especificaba en el apartado 3 del Anexo I-A del anterior pliego de cláusulas administrativas. De hecho, la propia Consejería incluía en la normativa mecanismos de corrección, pues si durante el plazo de ejecución del acuerdo, se alcanzaba la media de ocho sesiones estimada y fuera preciso incrementar los recursos materiales o humanos, podría modificarse al alza el precio unitario del acuerdo en no más del 40%, pero tendría que afectar a la totalidad de los contratos derivados del acuerdo marco que se encuentren formalizados en el momento de la modificación. Por increíble que parezca, la rectificación también hace referencia a los recursos humanos, exigiendo ahora un equipo básico mínimo formado por tres profesionales, psicólogo, logopeda y fisio, con carácter general, algo que tampoco se solicitaba inicialmente.

Este reconocimiento por parte de la Junta de la prestación de un servicio inferior al fijado por sus propios expertos contravenía las indicaciones que recibió por parte de la Fiscalía del Menor, cuyas delegaciones provinciales continúan recibiendo denuncias de casos flagrantes por parte de la Plataforma de Atención Temprana. El fiscal dejaba claro a las partes que los derechos de los niños se han de salvaguardar de forma «clara, precisa y sin limitación alguna».

A finales del mes de julio, la Consejería incluso organizó reuniones informativas urgentes en cada provincia a las que convocó a las entidades interesadas en la nueva licitación. La modificación introducida el 19 de julio en el acuerdo marco de marzo, obliga a retrotraer el procedimiento, estando previsto que el 23 de agosto, martes de la próxima semana, la publicación de los lotes adjudicados y sus adjudicatarios. Susana Díaz había anunciado un incremento presupuestario de 4 millones en 2016, pero el anterior acuerdo marco ya ha sido prorrogado hasta octubre al menos.

Desde la plataforma de Atención Temprana, su portavoz, Antonio Guerrero, considera que con esta modificación la Junta “se cubre las espaldas” pero no cree que “las ocho sesiones mensuales se implanten nunca” y si lo hace la Junta será en “2019, año electoral”. El anterior acuerdo marco “nacía con defecto de fondo” pues “en ningún caso dejaba la puerta abierta a las ocho sesiones y era fácilmente impugnable”.