La Junta permitió que no se justificaran las subvenciones

Empleo exoneraba del cumplimiento de la obligación en «tiempo y forma» para que las empresas pudieran seguir recibiendo las ayudas.

La exoneración «en tiempo y forma» de la justificación de las subvenciones concedidas para la formación ha sido una práctica generalizada en la Junta de Andalucía de la que este periódico tiene constancia documental al menos desde 2008. La práctica, institucionalizada en el Gobierno andaluz, eximía a las organizaciones e instituciones perceptoras de los fondos públicos de esperar el término de la farragosa tarea administrativa de justificar el dinero recibido para así optar a nuevas ayudas en convocatorias sucesivas. La Orden de 23 de octubre de 2009 que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía agravó este problema. En su artículo 99, establece que la Junta anticipa el 75 por ciento del pago de la subvención a los beneficiarios y que «una vez justificado al menos el 25% del total subvencionado mediante la oportuna presentación de los documentos acreditativos de la ejecución y de los gastos pagados, se podrá tramitar hasta el 25% restante».

La «operación Edu» apunta que esta práctica administrativa ha sido aprovechada por algunos beneficiarios de las subvenciones para no cumplimentar el último trámite ante la Administración y, por tanto, ha facilitado el presunto desvío de fondos investigado.

La Junta de Andalucía ha justificado esta práctica en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos. Una flexibilización de los controles de la que se han podido aprovechar las empresas investigadas. La misma orden que regula las ayudas argumenta que este tipo de subvenciones «tienen una gran repercusión en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores de nuestra comunidad autónoma fomentando la formación de los trabajadores y trabajadoras» y que por ese motivo se eximían a los perceptores de las ayudas de determinados requisitos que sí contempla la Ley General de Subvenciones –como «disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial ...».

Esta carrera por agilizar los procesos y que los fondos llegaran con rapidez se encontraba con otro escollo legal. La Ley General de Hacienda Pública andaluza señala que «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario». En la práctica, una empresa beneficiaria de una ayuda para cursos no podía recibir otra nueva hasta que el primero de los expedientes no estuviera finalizado en todos sus trámites. Es, por ejemplo, lo que le ha ocurrido a UGT Andalucía recientemente tras el escándalo de las facturas falsas: la Junta le ha congelado una ayuda de un programa para Empleo porque está revisando el de otro ejercicio donde se intuye que pueden existir irregularidades. Es ahí donde la exoneración de «la obligación de justificación en tiempo y forma de las subvenciones concedidas con anterioridad» impedía que el proceso se parara.

La exoneración es una práctica legal a la que se debe recurrir de manera excepcional. Debe existir una «resolución motivada» para aprobar esta limitación. Sin embargo, el Ejecutivo andaluz abusaba de esta práctica. Así lo ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en un reciente informe sobre «Fiscalización de subvenciones del SAE para la formación profesional para el empleo» –relativo a los ejercicios 2009 y 2010– y por el que se ha interesado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. En esta auditoría, que coincide con el periodo investigado dentro de la «operación Edu», se alertaba de que las resoluciones de exoneración en 2009 y 2010 afectaron a 466 y 378 perceptores, por importe de 70,24 millones de euros y 226,9 millones respectivamente. Esta cifra contempla las entidades incluidas en las exoneraciones colectivas. Hay que añadir que la Administración andaluza también ha emitido otras «individuales para determinados perceptores» y, en algunos casos, alerta la Cámara de Cuentas, «no hay archivo documental sobre las resoluciones de exoneración y los expedientes a los cuales afectaron».

Conscientes de esta problemática, el Ejecutivo andaluz ultima una nueva normativa para el reparto de fondos y revisa con celo los expedientes aún abiertos. La nueva legislación no contempla la exoneración y ya ha advertido que ello «conlleva que no se pueda proceder al abono a aquellas entidades que tengan expedientes en tramitación». Se producirán retraso en los pagos pero el sistema será más garantista. El problema es que durante años no ha sido así.

La patronal andaluza dice que el fraude no es masivo

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, expresó ayer su «enorme preocupación» por la «imagen negativa» para Andalucía de la investigación sobre el fraude en los fondos para la formación, aunque aseguró que no es «masivo». González de Lara aseguró que las actuaciones supuestamente fraudulentas investigadas «pueden ser repudiables, pero no son masivas», ya que las posibles irregularidades podrían delimitarse a dos millones de euros en cursos de formación en Málaga, informa Efe. «Hay que cuidar mucho a Andalucía respecto de la imagen negativa que podamos dar; parece que interesa que siempre esté en el ojo de la negatividad», afirmó tras comentar que ya de por sí cuesta transmitir las posibilidades de inversión. El presidente de la patronal andaluza cree que si hay irregularidades, deben abrirse diligencias judiciales y «que se actúe con la contundencia legal precisa», porque «si no se hace así, se perjudica a un sector empresarial, el de las asociaciones de entidades de formación, un sector muy serio, muy riguroso y que lleva trabajando muchos años con una profesionalidad enorme», destacó.