La Junta, pese a los nuevos datos, limita la responsabilidad a Guerrero

La Operación Heracles no ha modificado la versión oficial de la Junta de Andalucía, que insiste en limitar la «responsabilidad» de la trama a Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social. Como adelantó este periódico el pasado jueves, la Guardia Civil apunta a que «altos cargos de la Junta» se beneficiaron de las sobrecomisiones que la Consejería de Empleo pagaba a las mediadoras, extremo plasmado posteriomente por la juez Mercedes Alaya en su último auto. Por tanto, no sólo apunta a Guerrero, sino a otros miembros del Ejecutivo andaluz. Sin embargo, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer que «el auto de la juez Alaya apunta a una sola persona que es el señor Guerrero; todo lo demás son conjeturas». La postura de la Junta es «esperar al desarrollo normal de la investigación que ahora ha cogido una velocidad de crucero, que es lo que quería la Junta». Sobre las comisiones de los intermediarios –extremo que negó sistemáticamente el Gobierno en el Parlamento en la pasada legislatura–, Vázquez apuntó que se pararon «en el momento en el que se tuvo conocimiento del pago de comisiones abusivas».