La Junta quiere captar 1.000 millones de euros tras asegurarse otros 2.500 del Estado

Sin esperar la respuesta del Ministerio de Hacienda, la Junta de Andalucía ha abierto otro frente contra el Gobierno: ha solicitado por carta autorización del Consejo de Ministros para salir a los mercados financieros, captar 1.000 millones de euros «y así desligarse progresivamente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)». Vincula esta decisión con la necesidad de «recuperar la autonomía financiera» y aprovecha la circunstancia para criticar los mecanismos de liquidez abiertos por el Estado porque han conllevado «la imposición de duras condiciones que han supuesto en ocasiones una recentralización por la puerta de atrás del Estado autonómico». También recuerda que Andalucía «paga 1.890 millones de euros en intereses» por haberse acogido a estas vías de crédito facilitadas por el Estado.

La Ley de Presupuestos para 2018 aprobada en el Parlamento de Andalucía ya apunta que había que «desactivar progresivamente los mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades». Esto no impidió que el Ejecutivo andaluz anunciara el martes de la semana pasada tras la reunión del Consejo de Gobierno su voluntad de adhesión al Compartimento de Facilidad Financiera correspondiente a 2018 para que la comunidad autónoma disponga de 2.512,37 millones de euros en el primer trimestre del año. Se trata de uno de los mecanismos de financiación habilitados por el Ministerio y que goza de mejores condiciones que otras ya que no tiene condicionalidad fiscal. Va destinado a aquellas comunidades que han cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, entre otras cosas.

El Consejo de Ministros concede regularmente autorizaciones de operaciones de deuda a las comunidades autónomas, ya sean para formalizar préstamos a largo plazo o para emitir deuda pública. Este tipo de autorizaciones suelen limitarse al año en curso y vinculadas al cumplimiento del objetivo de déficit. Hace menos de dos meses, a finales de diciembre, el Consejo de Ministros autorizó a Andalucía a otorgar avales en el marco de distintos convenios suscritos con entidades de crédito y sociedades de garantía recíproca, a través de fondos sin personalidad jurídica, por un importe máximo de 20 millones de euros, así como la misma cantidad para convenios que se están negociando con entidades de crédito. Recordaba el Gobierno que la autorización deriva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece en su artículo 20 que las operaciones de endeudamiento y la concesión de avales de las comunidades autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública o regla de gasto precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento, ya que «Andalucía incumplió la regla de gasto del ejercicio 2016, según el informe elevado al Gobierno el 13 de octubre de 2017».

Las necesidades de financiación de la Junta de Andalucía están garantizadas a través de los mecanismos de liquidez abiertos por el Gobierno. Según datos del Ministerio de Hacienda, Andalucía ha recibido en el periodo 2012-2017 un total de 40.786,9 millones de euros entre los distintos fondos que se han habilitado. Pese al pago de intereses, el ahorro contabilizado por el citado Ministerio para Andalucía con respecto a las condiciones de mercado ha sido de 7.459,36 millones de euros sólo entre los años comprendidos entre 2012 y 2016. Los cobros de la Administración General del Estado ascendieron a 2.618, apunta el mismo informe. Hay, por tanto, un beneficio.

Existe una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera que define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. La última, de 2 de febrero de este año, actualiza el «coste» máximo que deben tener este tipo de operaciones para las comunidades y entidades locales.

Durante la crisis económica, los mercados financieros estaban cerrados para las autonomías. De hecho, Andalucía llegó a emitir «bonos patrióticos» en 2011 garantizando una rentabilidad del 4,25%. También emitió bonos en yenes japoneses, que acarrearon pérdidas superiores a los cien millones de euros.