La Junta recurrirá ante el TS las reválidas si el Gobierno «no rectifica»

Defiende que estas pruebas «suponen un salto de medio siglo atrás en la enseñanza»

La Junta de Andalucía presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra las pruebas de reválida de Secundaria y Bachillerato si el Ministerio de Educación «no rectifica» y las sigue manteniendo. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, anunció ayer esta decisión tras la reunión del Consejo de Gobierno, que acordó solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado con el fin de valorar la situación generada por las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. «Nos encaminamos, sin duda, a la presentación de un recurso», aseguró Vázquez, que calificó de «auténtico despropósito» las citadas pruebas de evaluación. También subrayó que los alumnos se merecen «certidumbre» y remarcó que «parte de la culpa, si no toda, de que no la haya la tiene la cerrazón del Gobierno al imponer una Lomce y una reválida en contra de la comunidad educativa, lo que no es el camino». «Suponen un salto de medio siglo atrás en la enseñanza», sostuvo el portavoz, que consideró «mucho más justa» la evaluación continua que una prueba en la que los alumnos «se lo juegan todo a una carta».

Las pruebas de reválidas, cuya regulación fue aprobada el pasado 29 de julio en desarrollo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), son obligatorias para obtener el título de las correspondientes etapas educativas y también para acceder a la Universidad.

La Junta fundamenta la petición de convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado en la «falta de consenso» con la que ha entrado en vigor esta normativa básica, así como en la necesidad de alcanzar «cuanto antes» un gran pacto sobre la educación a nivel nacional.

Asimismo, la Junta considera que este modelo de evaluación «impuesto» a través de la Lomce no aporta formación ni motivación al alumnado, sino que «sólo logra dificultarle la obtención de la titulación y segregarlo en función de los resultados obtenidos». «Se crean así situaciones de incertidumbre e inquietud a los estudiantes y sus familias», señaló Vázquez, quien advirtió de que dichas pruebas pueden condicionar el futuro académico de los alumnos de manera «decisiva».