La Junta reta al Gobierno y sigue aplicando la Ley Antidesahucios

La Junta de Andalucía ha tomado posesión de la vivienda de la calle Alonso de Ercilla, Nº 7, 3ºB de Huelva, expropiada a una sociedad dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios, para evitar el desahucio de la familia que reside en la misma.

Se trata del primer acta oficial de ocupación de un inmueble embargado para evitar el desalojo de sus residentes, en este caso una familia en riesgo de exclusión social integrada por María del Carmen Andújar, su marido, Manuel Luis Romero, y sus dos hijos menores de edad, que en caso de perder su casa se quedarían sin ninguna alternativa residencial. La Junta de Andalucía sigue por tanto su hoja de ruta expropiatoria ajena a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno central. Hay que recordar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy interpuso un recurso contra el decreto de Función Social de la Vivienda. Tras la convalidación legislativa del decreto, es decir, la aprobación de la ley, el Gobierno central volvió a aprobar a mediados de diciembre la interposición de un nuevo recurso por parte del jefe del Ejecutivo contra varios artículos de la ley, que paralizará al menos durante cinco meses la ejecución. Una vez transcurrido este tiempo, el Constitucional deberá decidir si mantiene o no la suspensión.

Así las cosas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya culminó en octubre la expropiación de esta vivienda onubense a su entidad titular, la sociedad «A y T Hipotecario Mixto III, Fondo de Titulización de Activos».

Con el acta de ocupación firmada ayer, la familia tiene garantizada su permanencia en la vivienda hasta el 2 de enero de 2017, conforme a lo establecido en la Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, en vigor desde el 9 de octubre.

El Consejo de Gobierno ha culminado una segunda expropiación para evitar un desahucio en Torremolinos (Málaga). Igualmente, ha publicado otros 37 expedientes de expropiación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y ultima 115 más en las ocho provincias. En total, con la Ley se han tramitado 152 expropiaciones para evitar desahucios.

El acta de ocupación está firmada por representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la entidad expropiada y la familia acogida a la Ley. Este inmueble, sito en la calle Alonso de Ercilla, Nº 7, 3ºB de Huelva, donde vive una familia con dos hijos en riesgo de exclusión social, fue el primero sobre el que la Consejería que dirige Elena Cortés realizó el proceso de expropiación temporal del uso mediante la incoación del procedimiento y la declaración de interés social y necesidad de ocupación de la vivienda.

El Consejo de Ministros aprobó el 13 de diciembre solicitar al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y se introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), así como contra la disposición adicional primera de la mencionada Ley 4/2013.