La Junta se paga a sí misma más de dos millones para formar a personal del SAS

La Administracion andaluza encomienda acciones formativas a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, visitó ayer el Centro de Atención Infantil Temprana de Mengíbar
El consejero de Salud, Aquilino Alonso, visitó ayer el Centro de Atención Infantil Temprana de Mengíbar

La Administracion andaluza encomienda acciones formativas a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud

Ha vuelto a pasar. La dirección-gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha encomendado a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud la gestión de actuaciones formativas para los profesionales sanitarios, enmarcadas el plan 2017-2018. Ambas son entidades de la Junta y la primera pagará a la segunda 2.123.370,89 euros por las actividades de formación, una cantidad que se abonará en una cuenta abierta a nombre de la fundación y en dos veces: a través de un primer desembolso para arrancar de 1.061.685,44, esto es, la mitad de la cifra total, y un segundo pago de 1.061.685,44 que se realizará cuando finalicen las acciones que engloba el encargo.

La justificación para el endoso laboral es que Progreso y Salud cuenta con «los medios personales y técnicos adecuados para la realización con la debida eficacia de las actuaciones objeto» de la encomienda, según consta en la resolución por la que se llevó a cabo la misma firmada por el director-gerente del SAS, Mariano Marín, el pasado 26 de abril. En ella se defiende también que el sistema público de salud necesita que sus profesionales puedan acceder a «programas formativos que incorporen las innovaciones metodológicas y tecnológicas que se han demostrado eficaces en la adquisición de conocimientos y habilidades para mejorar la calidad de la asistencia que se presta a la población». El plazo de ejecución de estas tareas de formación se ha fijado hasta junio de 2018 y una comisión de seguimiento tendrá la facultad de «revisar y reprogramar, en los plazos que estime pertinentes, la actividad pendiente de realizar, así como proponer las modificaciones sobre el programa inicial, en función de las incidencias detectadas durante el desarrollo del mismo», de acuerdo a lo detallado en la documentación revisada por este periódico.

Este movimiento evidencia que la fuente principal de financiación de la mencionada fundación es el Gobierno andaluz, a través de varias fórmulas como las encomiendas o las inyecciones directas. Un Ejecutivo al que la Cámara de Cuentas ya recomendó en uno de sus informes relativos al ejercicio 2013 que reflexionara sobre «la configuración del uso» que hace de las encomiendas de gestión y que lo hiciera analizando «la actividad que realizan en relación con las mismas los entes instrumentales –la llamada ‘Administración paralela’– y los medios propios». En otras palabras, le sugirió que examinara si el empleo ininterrumpido que hace de una fórmula que debe ser extraordinaria, responde a «la forma más eficiente, eficaz y económica de prestación de servicio». El ente fiscalizador se ha centrado además en alguna ocasión en la fundación beneficiaria del encargo formativo, constituida en 1996. En otro de sus trabajos, ligado en esta ocasión a la anualidad de 2010, señaló deficiencias en torno a ella en el apartado de personal, entre otras áreas. Aquella auditoría desveló que el ente abonó ese ejercicio al ex ministro Bernat Soria 170.438,51 euros brutos como director de un departamento del Centro Andaluz de Medicina Biomolecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), como ya informó este diario. La Cámara de Cuentas advirtió entonces también de que no había «constancia documental» de que dos contrataciones efectuadas en 2008 y 2009 en el grupo de alta dirección se hubieran llevado a cabo «mediante procedimientos» que garantizaran «los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad» que marca la normativa autonómica.

Y eso no fue todo. En otro trabajo de repaso de la cuenta general de la comunidad correspondiente al año 2012, los fiscalizadores repararon en que Progreso y Salud no justificó en plazo libramientos que superaban los 1,2 millones. Una cuestión que, según la Junta, quedó totalmente resuelta.

A fuentes sindicales les llama la atención que a la Junta «le esté costando tanto volver a poner en marcha la formación en la región tras los escándalos judiciales», pero que siempre «encuentre la forma para agraciar a la ‘Administración paralela’ también en esta materia».