Política

La Junta de Andalucía sólo redujo en un 14 por ciento el número de entes públicos en plena crisis

Pese al proceso de «adelgazamiento» creó 14 nuevas agencias empresariales

Fernando Villén, ex director de la Faffe –organismo extinguido en 2011–, envuelto en la polémica por el uso de tarjetas del organismo en prostíbulos / Foto: Manuel Olmedo
Fernando Villén, ex director de la Faffe –organismo extinguido en 2011–, envuelto en la polémica por el uso de tarjetas del organismo en prostíbulos / Foto: Manuel Olmedo

Según un informe realizado por la Cámara de Cuentas, la Junta de Andalucía redujo sólo en un 14 por ciento el número de entes públicos entre julio de 2010 y diciembre de 2016, coincidiendo con el periodo de mayor voracidad de la crisis económica. Las medidas de ajuste a las que obligó el Gobierno central desembocaron en la aprobación en Andalucía del Plan de Reordenación del Sector Público, que se tradujo posteriormente en la Ley 1/2011 de 17 de febrero, que puso algo de orden en la amalgama de entes, consorcios y demás organismos participados en mayor o menor medida por la Junta, aunque la iniciativa no puso coto a la denominada administración paralela. En algo más de un lustro la Administración autonómica pasó a tener 303 entes, de los 353 que poseía antes de que se pusiera en marcha la reorganización.

En este proceso, señala el informe de fiscalización, no consta «la existencia o aprobación de una herramienta de planificación estratégica en la que se identifiquen los objetivos, indicadores, plazos, efectos, así como los órganos encargados del seguimiento y medición de los resultados alcanzados en términos de coste, ahorro, personal, etcétera, de forma que se garantice que los procesos de extinción, creación y transformación o reestructuración de entidades dependientes o participadas por la Junta respondan a una gestión organizada, coordinada, coherente, eficaz y eficiente».

Igualmente, se destaca que en algunas sectores, como «educación, formación y empleo», «conocimiento», «medio ambiente y agua» y «agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural» –y en menor medida en «servicios sociales» e «infraestructuras y transportes»– se pretendió una nueva configuración del sector público «soportada en agencias públicas empresariales y agencias de régimen especial de gran dimensión, en detrimento del número de consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles». En relación a los efectos económicos y de personal, el documento advierte de que tan sólo se remitió al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre el 35,3 por ciento de las entidades extinguidas. Según la información publicada por el ministerio, el ahorro total durante el periodo 2011 y 2016 fue de 40.833,50 euros –36.615,30 euros en relación a las entidades del sector público– y los efectos de reducción de personal se limitaron a 81 bajas netas, 61 vinculadas a entidades del sector público. En este punto, el informe señala que la extinción de entes «no ha afectado de forma significativa a una reducción del personal del sector público», en la medida en que «en la mayoría de los casos el personal se ha integrado en otra entidad preexistente o de nueva creación que queda subrogada en la posición jurídica derivada de las relaciones laborales preexistentes, o bien las entidades extinguidas no disponían de personal al haber cesado su actividad».

En cuanto al nivel de eficacia, la culminación de los procesos extintivos «fue del 36 por ciento», un nivel que hubiera llegado al 71,5 por ciento si se hubieran incluido las entidades que se encontraban próximas a su extinción definitiva.

Como algunas entidades, en especial del ámbito de la formación, habían recibido numerosas subvenciones que estaban pendientes de justificación o reintegro, la Cámara de Cuentas recomienda el desarrollo de actuaciones que «garanticen el control de la efectiva aplicación a la finalidad de los fondos recibidos».

El nuevo Ejecutivo andaluz, precisamente, pretende ahondar en la reducción de entes superfluos. En el acuerdo programático suscrito entre PP y Ciudadanos figura el compromiso de «desmontar la administración paralela y racionalizar el gasto». En concreto, el punto número 9 señala que «racionalizaremos los organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta, suprimiendo los que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción». Asimismo, «se revisarán y modificarán las bases normativas que han propiciado esta desproporcionada estructura para que esto nunca vuelva a suceder».

Junto a ello, ambas formaciones muestran su intención de aprobar un decreto-ley para «centralizar la dirección, supervisión y evaluación de las entidades de la administración paralela». Y este compromiso tiene una doble dirección. Por un lado, «eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción». De otro, «garantizar la despolitización». En definitiva, «pondremos las empresas públicas bajo una dirección profesionalizada y reduciremos a la mitad el entramado institucional paralelo de la Junta».

La Cámara de Cuentas pide «más agilidad»

En su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas pide una «mayor agilidad» en el desarrollo de los trámites necesarios para la extinción de entes públicos, dado el «excesivo plazo de tramitación observado». Junto a ello, exige un «mayor detalle» de las entidades que reciban el patrimonio de los entes extinguidos, junto a «información sobre los ajustes y reclasificaciones en la valoración de los elementos patrimoniales». También sugiere una «mayor rigurosidad en el cumplimiento de las obligaciones de formulación, aprobación y rendición de cuentas».