La Junta subvencionó con casi un millón a un particular que encadenó impagos

La cuantía que atesoró, pese a irregularidades como la falta de justificación de los fondos, supera los 1,22 millones al haber recibido también, según la Policía, fondos de una fundación ligada a CC OO y UGT y de la federación regional de autónomos

Comisión de investigación sobre subvenciones a la los cursos de formació
Comisión de investigación sobre subvenciones a la los cursos de formació

La cuantía que atesoró, pese a irregularidades como la falta de justificación de los fondos, supera los 1,22 millones al haber recibido también, según la Policía, fondos de una fundación ligada a CC OO y UGT y de la federación regional de autónomos.

La Policía encargada de la investigación que sobre los cursos de formación financiados con fondos públicos coordina el juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha hilado hasta hacer relato en torno a multitud de expedientes de ayudas. El relativo al empresario autónomo José P. M., que integra el elocuente sumario, evidencia elementos comunes con lo que los propios agentes han denominado «caza subvenciones» y alguna novedad. En el informe policial centrado en la actividad de José P. M., al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se asevera que este empresario «recibe principalmente ingresos procedentes de subvenciones de la Junta de Andalucía y de las delegaciones territoriales» de ésta, en esencia de las del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), si bien, en este caso hay una novedad con respecto a otros: recibe también dinero de la Fundación Laboral de la Construcción, una entidad integrada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CC OO de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), según se puede comprobar en su página web, con amplia presencia en el mapa nacional y una profusa oferta de acciones formativas.

Los investigadores concluyen tras sus cruces de datos, que José P. M. se las apañó para acumular en el periodo temporal 2009/2013 «la cantidad de 1.182.956,25 euros procedentes» de esas ayudas, vinculadas también a los sindicatos a través de la mencionada fundación. Una cuantía a la que habría que sumar los 37.413,75 originarios de otro actor, «la Federación Andaluza de Autónomos», lo que elevaría la cifra hasta los 1.220.370 euros. Lo aportado por la Junta, con cargo sobre todo a los programas presupuestarios 32D y 32L, la Policía lo calcula en 963.808,50, a la luz de lo publicado en el boletín oficial (BOJA). Y algo llama su atención con respecto a ese riego constante. El empresario tenía «en vía ejecutiva pendiente de devolución a distintos órganos» del Gobierno regional el verano pasado, cuando se realizó el informe policial, «un importe total de 845.389,07 euros», correspondientes a distintas subvenciones para acciones formativas que se le destinaron «inexplicablemente año tras año tanto en Huelva como en Sevilla, sin que se justificaran las anteriores». Es más, los agentes trasladaron al juzgado que la Intervención provincial de la Junta también había comprobado que el aludido tenía fondos por reintegrar desde el «5 de mayo de 2003» asignado en Sevilla, «lo que debería haber impedido ser beneficiario de nuevas concesiones», rematan.

En un momento de sus trabajos centran las pesquisas en un expediente de una ayuda de 127.710 euros que el SAE onubense le otorga para impartir tres cursos en la Academia I. S. A. S. A. de Huelva: uno de «Empleado de oficina», otro de «Inglés atención al público» y un último de «Diseñador web y multimedia». Cuando le llegó la subvención adeudaba a la Seguridad Social «12.338,45 euros», un débito que luego se incrementó. Y otra situación fue subrayada en su informe por los investigadores: «No consta en dicho expediente ningún documento justificativo del gasto» de los fondos, trasladan al juzgado. Y no fue ésa la única anomalía que detectaron. En su análisis ponen de manifiesto la «falsedad documental en las firmas de los partes de asistencia» de los alumnos, así como que «ninguno de los profesores reconoce como suya» la rúbrica plasmada en el documento «anexo contrato de trabajo–convenio económico», en el que se indicaba la cantidad que percibiría el tutor por impartir las clases; ni algunas en otros como las «fichas de monitores». Una de las profesoras aseveró a la Policía que no había trabajado para esa entidad en el ejercicio de 2011, pese a que figuraba como tutora «en los tres cursos» y tampoco consta el contrato de trabajo de otro tutor.

José P. M. llegó a percibir 95.782,50 euros de esa ayuda en concepto de anticipo del 75%, aunque en septiembre de 2012 se acordó el inicio de un nuevo procedimiento de reintegro. Para los investigadores no existió por parte del SAE «el control y la supervisión necesaria», dado que debió percatarse «de la situación en que dicha entidad se encontraba antes de conceder la subvención».

En el ámbito de esta causa, hoy están citados en sede judicial para declarar como investigados precisamente el ex delegado de Empleo y ex director provincial del SAE onubense, Eduardo Muñoz, y el ex jefe de un departamento de formación José Ángel Gil Flores.

La comisión de investigación formada en el seno del Parlamento andaluz para intentar depurar responsabilidades políticas en torno a los cursos de formación subvencionados por la Junta se reunirá hoy a puerta cerrada para decidir si hay una segunda ronda de comparecencias, posibilidad que se recoge en el plan de trabajo aprobado por los distintos Grupos –PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos (C’s) e IU–, o si, por el contrario, pasan a la siguiente fase de sus tareas, la de conclusiones. La cita está convocada a las 17:00 horas y, «a priori», los únicos partidos que apuestan por esa segunda tanda de declaraciones son Podemos y PP, por lo que esta opción no saldría adelante.