La orden de ayudas aumenta el control y pospone los cursos al menos 6 meses más

La formación profesional, cuyo parón de 5 años ha supuesto la pérdida de 30.000 empleos, no estará en marcha antes de 2017

La orden de 4 de junio de 2016 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio es, si no histórica, trascendental, en una comunidad que ronda el millón de parados. La patronal calcula que se han perdido más de 30.000 empleos en el sector por el bloqueo. Cinco años después, aún en la vorágine judicial por el presunto fraude, tras el reparto sin control de 2.896 millones durante una década y con la Administración reclamando 90 millones a los destinatarios –de los que ha ingresado tres–, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica la convocatoria de subvenciones para dar cursos de formación. La presidenta ya anunció en abril en el Parlamento que la Junta ultimaba tres órdenes sobre los cursos: sobre las acciones formativas en las escuelas taller (con 50,3 millones); para los desempleados (75,1 millones); y para los ocupados (20,7 millones). En total, 142,5 millones. La promesa se remonta al 8 de octubre de 2015. Susana Díaz, que aseguró que la convocatoria estaría en marcha en el primer trimestre, señaló que está «en sintonía con lo que está demandando el mercado laboral». Díaz llamó a «mejorar aquello que haya que mejorar», sobre la base de la nueva ley estatal. La convocatoria prima la obtención de certificados de profesionalidad. Podemos tildó de «decepcionante» la orden al «posponer los cursos seis meses más». Previsiblemente, no habrá formación hasta 2017.

Los últimos cursos de formación de la Junta se remontan a 2011, cuando se interrumpieron abruptamente las convocatorias por la investigación en cerca de una veintena de juzgados, con 3.000 millones en entredicho, según la investigación policial. A las detenciones, dimisiones y debates, siguió la comisión de investigación en el Parlamento, así como la devolución de los fondos europeos por la falta de ejecución.

La nueva convocatoria anuncia medidas para evitar que se repita el fraude. De entrada, las subvenciones se otorgarán por concurrencia competitiva y no existirán las nominativas como hasta ahora, lo que se traduce en que los agentes sociales –patronal y sindicatos– tendrán que competir con entidades públicas y privadas para recibir las ayudas. No obstante, los citados agentes sociales ya cuentan con una infraestructura financiada en las convocatorias en entredicho. Uno de los condicionantes de la nueva orden es que las entidades deben tener «capacidad técnica, entendiéndose como tal su capacidad de gestión, instalaciones y medios disponibles, así como los recursos humanos que se destinarán a la ejecución del proyecto formativo». También, para recibir una subvención, las entidades tienen la obligación de estar al corriente con la Junta en el pago de las ayudas. Ninguna adjudicataria, por otro lado, podrá recibir más de 4 millones por convocatoria, primándose la formación en oficios. La orden habla de «una profunda renovación normativa que supone la introducción de un sistema de observación y prospección del mercado de trabajo, para detectar los cambios en las demandas de cualificación y competencias en el tejido productivo; el establecimiento, como norma general para la gestión de los fondos públicos destinados a financiar, de la concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación acreditados y/o inscritos; así como un sistema integrado de seguimiento y evaluación de la formación para el empleo, junto con sistemas de control para garantizar el buen fin de los fondos destinados a la Formación Profesional para el Empleo».

Asimismo, recoge que «tras la experiencia de anteriores convocatorias, en aras de alcanzar una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de los proyectos a la vez que se revisa su contenido, dada la cantidad y complejidad de los expedientes, se establece un plazo de seis meses para adoptar y publicar la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones». A la orden se adjunta un «cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva». Este cuadro detalla, por ejemplo, la posibilidad de optar a un «máximo de una programación por cada provincia y línea (ocupados/desempleados)» y «en caso de concurrir a la convocatoria multiprovincial no se puede optar a la convocatoria provincial». «Los módulos económicos (coste por participante y hora de formación) aplicables serán de 8 euros en la modalidad presencial y 5 euros en la modalidad de teleformación». Son subvencionables «las retribuciones de los formadores internos y externos» a «70 euros brutos por formador/hora»; y las tutorías, a «50 euros brutos por formador/hora». «El coste imputado se justificará al tiempo de liquidación de la acción formativa mediante la aportación al auditor de las nóminas, los contratos de trabajo y el correspondiente justificante de pago», señala el cuadro. Se configura un régimen de «fiscalización previa». Los pagos, a diferencia de la anterior norma que establecía un 75% previo y un 25% posterior, impone un 25% tras la resolución de la concesión (tres meses); un 35% «una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, que será validada por el órgano competente»; y un 40% «en la liquidación final siempre que la justificación supere el importe del anticipo». También se estipula la imposibilidad de subcontratar acciones formativas. La justificación final de las ayudas se realizará mediante la presentación de la cuenta general justificativa y el informe del auditor. Las entidades locales precisan del certificado de su interventor.

La Junta defendió que «seguirá aumentando los controles». El PSOE pidió a la oposición «respaldo». UGT celebró que tras 5 años «por fin» haya bases para los cursos. CC OO pidió que las convocatorias se publiquen «de inmediato». C’s señaló que es el «primer logro» de la comisión de investigación.

El PP-A pide más declaraciones y aclarar el gasto en marisco

El grupo parlamentario del PP-A registró un escrito en la Cámara, dirigido al presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (C’s), en el que reclama una reunión «urgente» para votar la posibilidad de celebrar una segunda ronda de comparecencias, al objeto de que puedan volver a ser llamadas personas que ya han declarado ante esta comisión. Los diputados Miguel Ángel Torrico y Jaime Raynaud señalaron que el PP va a estudiar quiénes serían las personas que podrían volver a ser llamadas, ya que «a día de hoy, es precipitado» ofrecer nombres concretos. IU cuestionó si se llamará de nuevo a Fátima Báñez. Los populares también señalaron irregularidades en las justificaciones de las ayudas a la empresa del ex alcalde de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado con gastos en conceptos como jamón y mariscos.