La reapertura del caso de la mina de Aznalcóllar se lleva por delante a un cargo de Sánchez

La Audiencia de Sevilla ordena que se tome declaración como investigado al presidente de la SEPI, y sostiene que la adjudicación del yacimiento esconde una «patente», «grosera» y «burda» ilegalidad

La Audiencia de Sevilla no ha creado desde cero, pero sí se ha llevado ahora por delante a un alto cargo del Gobierno central de Pedro Sánchez, quien se ha tenido que tragar una píldora judicial amarga. El tribunal provincial ha ordenado reabrir la causa en la que se investigan desde años presuntas irregularidades en la adjudicación a la agrupación empresarial Minorbis-Grupo México de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de un Ejecutivo de Susana Díaz y que se tome declaración en calidad de investigado a Vicente Fernández, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que entonces era alto cargo de Junta, y que ya ayer puso su cargo a disposición del Gobierno a través de una carta, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de éste.

De hecho, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, departamento del que depende la mencionada empresa estatal, adelantó desde Algeciras (Cádiz) que su salida se «materializará en el próximo consejo de ministros», el que se celebre este viernes, de acuerdo a lo recogido por las agencias. Montero abogó por dejar a la Justicia actuar, pero matizó que se trata de «un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones». Y así es. Por dos veces un juzgado sevillano ha intentado dar carpetazo a la investigación que ahora la Audiencia ha ordenado que se retome en un contundente auto de 39 páginas, consultado por este periódico y cuya ponente es la jueza Mercedes Alaya –la instructora primigenia del llamado «caso ERE»–, y en el que se llega a aseverar la existencia de una «patente», «grosera» y «burda» ilegalidad.

Un polémico «pase»

La Sección Tercera del tribunal ha estimado un recurso de Emerita Resources, una de las empresas a las que la Junta dejó fuera en el concurso público por el que otorgó el yacimiento minero, y ha reiterado que ve indicios de ilegalidades, como apuntara ya en 2016, aunque va más allá. En esta ocasión ha señalado a Fernández, en aquella época secretario general de Industria del Ejecutivo autonómico del que luego sería también interventor general, como supuesto responsable de un presunto delito de tráfico de influencias.

Según el relato expuesto en el frondoso auto, Grupo México no participó por sí mismo en el concurso público y «se valió» para hacerlo de Minorbis, una filial de la sociedad cordobesa Magtel, de los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno. O dicho de otro modo: Minorbis se habría prestado a realizar «el pase del concurso» a favor de Grupo México, una intención que el Ejecutivo andaluz «conocería».

En ese contexto, Fernández tenía una «excelente relación personal», con los hermanos López Magdaleno, a la luz de correos electrónicos analizados por los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y estudiados por la Sala. Unos emails que se cruzaban «inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas» y donde «se expondría la solicitud» por parte de Magtel de «su intermediación en asuntos administrativos».

Los magistrados de la Audiencia han dado importancia además a una reunión que se produjo entre los dueños de Magtel y los de Emerita Resources –la denunciante– en la que Isidro López presumió de tener «la llave del concurso» y de que en cinco minutos llamaría alguien de la Consejería de Innovación. El teléfono sonó y al otro lado estaba el presidente de la SEPI. Habrá que ver en qué queda el nuevo paso judicial. De momento, el abogado de Emerita, Ramón Escudero, mostró ayer a este diario su satisfacción por que la Audiencia les haya dado «por tercera vez la razón» al observar «indicios racionales de criminalidad».

Más datos

*La Audiencia ha ordenado que se tome declaración además de al presidente de la SEPI, Vicente Fernández, a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno.

*El tribunal ha mandatado también que la Junta informe a través de la Guardia Civil de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación del concurso y de la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo.