La trama del «cártel del fuego» se ha cobrado ya ocho detenciones

En un nuevo atestado de reconstrucción retroactiva de lo actuado, la Policía Judicial informa a la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, del estado de sus pesquisas en el «caso Infoca», cuyo embrión fue la denuncia de un funcionario de la Junta acerca de las presuntas irregularidades que salpicaban la contratación de medios aéreos para el plan Infoca y en el que está personada Ecologistas en Acción. En ese documento judicial, fechado el pasado 29 de noviembre y al que ha accedido LA RAZÓN, los investigadores dan cuenta a la jueza de la realización de un operativo conjunto con la UDEF central y de Sevilla que implicó «detenciones y registros domiciliarios» en el marco del procedimiento que sobre el llamado «cártel del fuego» arrancó el juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) y que ha acabado en la Audiencia Nacional.

Ese proceso, bautizado oficialmente como «Operación concertación», anidaba en indicios de la existencia de un grupo de empresas que presuntamente se ponían de acuerdo desde 2001 para «alterar los concursos públicos» de adjudicación de contratas y repartirse el mercado de las llamas, respetando entre sí áreas de influencia entre las que se encontraba Andalucía. La Policía explica a la magistrada que se llevaron a cabo registros en cuatro puntos distintos del mapa regional, con el respaldo de órdenes judiciales, y hubo ocho arrestos. En Utrera (Sevilla) se inspeccionaron despachos de empleados de la mercantil Servicios Aéreos Europeos y Tratamiento Agrícola (Saeta) y se detuvo a M. Á. M. R. y a M. Á. M. B. En otro municipio sevillano, Mairena del Aljarafe, se registró el punto de trabajo de A. M. R. G., sede social de Sociedad Aeronáutica Peninsular (SAP Aviación) para luego arrestarlo y en la capital hispalense el afectado fue P. M. G. G., directivo de Fumigación Aérea Andaluza SA (Faasa Aviación). Las instalaciones de esa empresa en Palma del Río (Córdoba) no se libraron de la visita de los agentes y en ellas se detuvo a H. T. A y A, M. Á. T. C. Hubo movimientos también en la capital cordobesa, donde entraron en el despacho profesional de F. E. D., ligado a la entidad Trabajos Aéreos Espejo SL, y allí se arrestó también a J. O. M., vinculado a Faasa.

Todos fueron puestos en libertad tras tomarles declaración, aunque algunos optaron por guardar silencio. Durante sus tareas, la Policía se incautó de numerosa documentación, entre la que se incluyeron contratos, correos electrónicos o facturas y transferencias. A éstas se sumaron objetos como agendas de trabajo, discos duros, teléfonos móviles, «pen drives» o cds.

De entre la mixtura de lo relatado a los investigadores destaca lo dicho por M. G. G, quien admitió ser directivo de Faasa y, de acuerdo a una declaración de la renta que hallaron, gana 300.000 euros brutos anuales «en concepto de sueldo remunerado» de la sociedad cordobesa, según consta en el atestado. Éste reconoció «implícitamente» ante la Policía «los efectos de un oligopolio» al admitir que se presentaban en Andalucía «al tipo máximo de presupuesto que ofertaba la Administración» regional, «sabeedores» de que ninguna otra empresa que no esté implantada en el territorio iba a participar en la licitación al no poder «competir con los precios».

La «rama andaluza» del «cártel del fuego» se habría hecho con más de 36,5 millones de la Junta, como adelantó este periódico.

“Intención dolosa” para el “enriquecimiento” de Faasa

Un apartado de la investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla está centrada en las subvenciones que recibió de la Junta la empresa Faasa. En ese ámbito, la Policía intenta comprobar si lo que ha salido por un lado es justo lo que ha entrado por el extremo opuesto, entre otras cuestiones. Lo que sigue teniendo claro, avanzadas las pesquisas, es que, aunque podría interpretarse que se ha producido una «concatenación de irregularidades administrativas», motivadas por el propio sistema de reparto de ayudas, no lo cree. Es más, los investigadores sostienen, y así se lo han trasladado al juzgado, que un análisis conjunto y contextualizado de lo sucedido «denota una presunta intención dolosa, siempre orientada al enriquecimiento o aumento de la tesorería de Faasa Aviación».