La UCO investiga si la Faffe pagó salarios a personas que no trabajaron en la fundación

La Guardia Civil ha solicitado a la jueza María Núñez Bolaños, que investiga las irregularidades en cursos de formación, que solicite a la Seguridad Social «toda aquella información que obre en sus bases de datos de carácter laboral» sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe), todo ello para «descartar, o en su caso confirmar, la existencia de una bolsa de fraude a través de pagos de salarios a personas que no realizarían ninguna actividad» en la Faffe.

En un oficio fechado el pasado 21 de julio, la Unidad Central Operativa (UCO) pone de manifiesto que analiza las subvenciones que la Faffe recibía «con el fin de determinar la existencia, o no, de una posible malversación de estos fondos» y que «se hace necesario realizar un minucioso estudio de esta fundación».

Uno de los aspectos importantes es «la composición de la plantilla» para el cometido de las funciones que se le habían asignado, especialmente aquellas relacionadas con la ejecución de programas de formación, y las condiciones de selección y contratación del personal que componía dicha plantilla, pues la mayor parte de los ingresos provienen de la Administración con el objeto de que se desarrollen diferentes cursos. La UCO asevera que, «relacionado con los trabajadores que durante la vida de la fundación han formado parte de su plantilla, han ido aflorando algunos hechos que aconsejarían un estudio mucho más detallado», señalando que «entre estos hechos se encontraría la recolocación de personas afectadas por el cierre de la factoría de Delphi Automotive Systems».

Algunos miembros de la plantilla de la FAFFE fueron cedidos tanto a la Consejería de Empleo como al SAE, asumiendo la fundación el pago de los salarios, «pese a que las funciones se realizaban fuera del ámbito de la misma». La UCO solicita a la magistrada que reclame a la Junta las «encomiendas de gestión ejecutadas por Faffe entre 2003 y 2011». La Guardia Civil también pide a la juez que se requiera del SAE «los protocolos de actuación –contratación y despido de personal o contratación de proveedores–», señalando que el 16 de junio se solicitó al SAE dicha información «sin obtener respuesta».