La UDEF ve menoscabo de fondos en la gestión de la Junta en Santana Motor

La decisión que tomó el pasado martes el Consejo de Gobierno de liquidar Santana Motor viene precedida de una gestión pública plagada de irregularidades, que ha terminado por sentenciar a uno de los pocos referentes económicos con los que contaba la provincia de Jaén. Una vez confirmada la defunción de la empresa, ahora sale a la luz una investigación del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que deja al descubierto la nefasta gestión de la Junta de Andalucía en la compañía. El atestado de la unidad, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala un «posible menoscabo de fondos públicos» en la financiación de Santana Motor y pone el foco en un agujero de 36,1 millones de euros, detectado por la Intervención General de la Junta, cantidad concedida a la empresa en forma de préstamo. Las condiciones de este préstamo fueron luego modificadas por la Junta y la cuantía nunca se reintegró en las arcas públicas. La unidad ya remitió este atestado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que abrió una investigación en 2015 parar aclarar los hechos.

Fue en 2005 cuando la Junta se convirtió en accionista mayoritaria de Santana Motor con el objetivo de reflotar la empresa. Posteriormente, en 2011, se firmó el denominado Plan Linares Futuro, que pretendía dar oportunidades laborales a una comarca que todavía hoy sigue sufriendo el drama del desempleo. Sobre este plan, el atestado de la UDEF remarca que, «en una muy compleja concatenación de transferencias de financiación, se detecta que numerosos empleados de Santana Motor se han beneficiado de ayudas económicas sin sometimiento a la normativa reguladora». En concreto, señala que las transferencias de financiación son un «instrumento inadecuado, careciendo de la condición de beneficiarios reales».

El atestado se centra también en el convenio suscrito entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia IDEA que, «de facto, transforma préstamos ordinarios en participativos y, por tanto, en ayudas del Estado a fondo perdido». Se detecta incluso que las transferencias para efectuar los pagos «son anteriores incluso a la formalización de los préstamos», así como una contabilización y justificación «muy deficiente».

En concreto, se subraya un préstamo reintegrable por importe de 36.105.044 euros que, en la práctica, resultó ser una ayuda a fondo perdido, algo «terminantemente prohibido por la normativa de la UE». Junto a ello, llama la atención que la financiación pública de la empresa se seguía produciendo «una vez acordada su disolución y liquidación».

Hasta en dos ocasiones la Intervención General de la Junta alertó de las irregularidades en sendos informes, uno de ellos, en 2014, cuando Susana Díaz ya estaba al frente del Ejecutivo. En este último informe el órgano máximo de control de la Junta destaca el «menoscabo de fondos públicos» en los préstamos concedidos a la empresa «sin autorización del Consejo de Gobierno y sin que los mismos hayan sido recuperados por IDEA», pese a que Santana ya estaba en proceso de liquidación. Junto a ello, pone de manifiesto que «no es posible verificar que los 36,1 millones aportados a Santana se emplearan en la realización de vehículos todoterreno».

Ante este panorama, la secretaria general del PP-A, Loles López, instó ayer a Díaz a «dar explicaciones» porque la Intervención emitió el último informe cuando ella ya ocupaba la Presidencia de la Junta. A su juicio, el PSOE «es una máquina de hacer desaparecer los fondos de empleo, como en los ERE, la Faffe y ahora en Santana Motor». «¿Dónde está el dinero, los todoterreno y el empleo creado?», se preguntó López, al tiempo que acusó a la Junta de «hacer magia» con el dinero público.

«El PP no cesa en su línea de manipular»

La Consejería de Empleo aseguró ayer, en relación a las irregularidades en torno a Santana Motor, que «el PP no cesa en su línea de manipular para atacar al Gobierno andaluz y a su presidenta». Recordó que los convenios se firmaron antes de la llegada de Díaz a la Presidencia.