La «vertiente política» del caso se alargará en el tiempo

Pese a las múltiples peticiones a la juez Mercedes Alaya para que acelere la instrucción del «caso de los ERE», la realidad es que a la investigación aún le queda un amplio recorrido. En el auto en el que la juez señala la posible responsabilidad en la que han incurrido Chaves y Griñán, así como cinco ex consejeros de la Junta de Andalucía –recurrido el viernes por la Fiscalía Anticorrupción–, Alaya deja claro que «se siguen practicando por la Guardia Civil múltiples diligencias, las cuales han de ir acomodándose a los nuevos hallazgos de la investigación». El juzgado está revisando más de una década de ayudas concedidas de manera irregular por parte de la Administración andaluza y debe fijar de manera clara las responsabilidades judiciales que tendrán que afrontar cada uno de los actores de la trama. En el caso de los aforados, además, tendrá que detallar qué se les imputa, según la petición del Ministerio Público.

Subvenciones irregulares

La concesión de subvenciones prescindiendo del procedimiento legalmente establecido es la parte central del caso. Los ERE es una consecuencia más de esa manera de proceder. La Junta financiaba los procesos de reestructuración empresarial con el objetivo de mantener el tejido productivo y garantizar la «paz social». Las prejubilaciones aseguraban que los procesos no se enquistaran y que todos obtuvieran rédito, incluidos los trabajadores que se quedaban sin empleo. Esa política atrajo a varios actores –compañías aseguradoras, mediadores, sindicatos y conseguidores– interesados en el «verdadero negocio», expresión utilizada en algún auto por la magistrada: la disposición ilícita de fondos públicos, personas que jamás trabajaron en las empresas y que recibieron una prejubilación tras aprobar el ERE –denominados «intrusos»–, sobrecomisiones o dádivas para altos cargos.

Paralelamente, la Junta de Andalucía también ha otorgado dinero directo a empresas, ayuntamientos y organizaciones sociales –ONGs, entes cercanos a los sindicatos o ayuntamientos gobernados por el PSOE, por ejemplo–. Eran discrecionales y no existía convocatoria pública. Se daban a quienes los altos cargos consideraban oportuno y no se hacía seguimiento de las mismas. La empresa pública Agencia IDEA las abonaba directamente en la cuenta del beneficiario tras una orden verbal o un simple convenio. Se fomentaba el clientelismo. La Cámara de Cuentas ha revisado 162 expedientes que supusieron un compromiso de gasto por importe de 94 millones de euros, de los que la Junta abonó 86 millones, dinero que ahora reclama la Administración andaluza, pero del que no ha podido recuperar ni un euro.

La trama política

El juzgado está ahora centrado, entre otras cosas, en la «vertiente política» de los hechos, expresión acuñada por Alaya. La concesión de subvenciones de manera irregular durante una década era permitida por las autoridades de la Junta. No era, por tanto, una decisión técnica. De hecho, existen los famosos informes de la Intervención General advirtiendo de ese proceso de concesión irregular de ayudas. Hasta en 15 ocasiones alertó a tres consejeros –el de Empleo, Innovación y el de Economía y Hacienda– de que ese sistema vulneraba la ley. Por tanto, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad del fraude? La juez ya tuvo un conflicto con la Junta de Andalucía cuando reclamó las actas de los Consejos de Gobierno de la última década. Buscaba precisamente pruebas de que el sistema era conocido por los consejeros y que la vulneración de la legalidad era consentida. En alguna ocasión, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se ha preguntado si los servicios jurídicos de la Junta recibieron directrices políticas para hacer la vista gorda. No se explica que un sistema que permitió «malversar» y «dilapidar» fondos públicos funcionara durante una década. De ahí se deduce el señalamiento o «preimputación» que la juez ha hecho esta semana de los ex presidentes Chaves y Griñán y de los ex consejeros Manuel Recio, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera.

El de este último es paradigmático. Fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y su sucesor en el cargo, Antonio Fernández, ha estado incluso en prisión preventiva. Sin embargo, Viera, como aforado, no está imputado. La juez da una clave en el último auto: el atestado relativo a la Sierra Norte de Sevilla –zona de la que también era Francisco Javier Guerrero y que aglutinó un gran porcentaje de las ayudas– no está concluida. En un avance, la UCO atribuyó al ex consejero de Empleo un «papel esencial» en la trama. Ese anticipo llegó al juzgado el 22 de febrero de 2012 pero el trabajo aún no ha concluido, una prueba más de que a la rama política aún le queda mucho recorrido.

Gestión del presupuesto

Otra de las claves para profundizar en la «vertiente política». La partida 31.L –Administración de Relaciones Laborales– de la que salía el dinero figuraba en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía anualmente. Es lo que argumentan los responsables políticos para defender su legalidad. Las transferencias de financiación –dinero que salía de la consejería para la empresa pública que ejercía de «caja pagadora»– también. Lo que no se recogía es que ese dinero que debía tener una finalidad concreta servía para otorgar subvenciones al margen del procedimiento legal. La juez ha citado este jueves en calidad de imputado al ex viceconsejero de Presidencia –cesado el viernes– por su gestión como director general de Presupuestos entre 2002 y 2009.

En este punto, la juez quiere aclarar cómo se taponaron los millonarios desfases presupuestarios que generaron la concesión irregular de las ayudas. Las modificaciones presupuestarias, autorizadas por los consejeros –entre ellos Griñán– son uno de los argumentos recurrentes de la instrucción para mantener que los responsables de las cuentas públicas andaluzas pueden tener responsabilidad en el fraude. La tesis es compartida por el ex Interventor General de la Junta, que lo dejó claro en su declaración judicial.

El «fondo de reptiles»

Hasta ahora siempre se ha señalado que el «fondo de reptiles» nació en julio de 2001, coincidiendo con la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo y su ente instrumental IFA por el que éste último se convertía en «caja pagadora» de las ayudas que indicaban los responsables de la Consejería, centralizado en la dirección general de Trabajo y Seguridad Social. Alaya tiene claro que no es así porque el sistema se ideó antes: en abril de 2000 se permitió el «uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación, creando la partida fraudulenta (440) a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones (481) que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años». Por tanto, el convenio de 2001 «no constituyó pues el inicio sino la continuidad del sistema, pues a partir de 2002 tuvo el sistema de las transferencias de financiación su acogida en el propio presupuesto».