La vida en juego: 7.385 mujeres amenazadas

Casi tres mil víctimas, una de cada diez, renuncia a testificar contra su agresor en el juzgado

El año pasado seis mil mujeres estuvieron vigiladas y a 2.200 se les denegó la protección

El año pasado mataron a nueve mujeres en Andalucía. Dos de ellas disponían de protección policial, una medida que solicitan mayoritariamente las propias víctimas cuando el peligro ya se ha detenido en sus puertas. Este año, son dos las asesinadas, ambas en Almería, y ambas por hombres menores de 30 años. Cada asesinato derivado de la barbarie de la violencia machista suscita una coletilla casi automática por parte de las Administraciones, informando de si había denunciado o no a su agresor –su pareja o ex– y si había orden de protección en vigor, una medida cada vez más extendida. Durante el año pasado, hubo 8.447 peticiones de protección en los juzgados de Violencia sobre la mujer: 6.030 fueron custodiadas y a 2.267 se les denegó ese «escudo» para evitar el maltrato, el 27%. El sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Viogén) mantiene vigiladas a 7.385 mujeres, en las que ha detectado riesgo de que vuelvan a ser agredidas. La probabilidad es mayor en 1.345. De ellas, 35 están en riesgo alto y cinco tienen medidas de protección más elevadas por el riesgo extremo de que sus parejas o ex atenten contra su vida.

«El hecho de denegar la orden no significa que el procedimiento no vaya a continuar, si no que entienden que en ese momento procesal no existe ese riesgo objetivo inminente y grave sobre la integridad física y psíquica de la mujer», detalla Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. No obstante, los nuevos protocolos del sistema Viogén permiten analizar el riesgo de forma continua y que la propia Policía o la Guardia Civil adopten medidas, independientemente de la decisión judicial.

Pese al alto índice de denegaciones de protección, en la mayoría de los casos solicitadas por la agredida, Carmona defiende el buen trabajo de los órganos judiciales. De hecho, el porcentaje de concesiones ha aumentado considerablemente en un año, pasando de las 4.900 órdenes dictadas en 2015 a seis mil –el índice de rechazo ha bajado un 18%–. La memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), presentada en abril, recoge que de las 29.997 denuncias formalizadas en 2016, el 10%, casi tres mil mujeres víctimas de maltrato, se retractaron, negándose a ofrecer su testimonio contra su agresor en el juzgado. El último informe de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destaca las altas cifras de renuncias en las provincias de Málaga y Sevilla, donde las ratios de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación de declarar (15,6% y 11,2% respectivamente) son las mayores de toda Andalucía. Entre ambas, copan la mitad de los casos registrados. Granada es la provincia en la que menos se producen (3,9%).

«Eso es lo que más nos preocupa, que en la fase de instrucción no se atrevan a continuar. Hemos pedido una revisión del artículo 416 de la Ley Enjuiciamiento criminal para que se les dispense de declarar por el parentesco», explica la jurista. Una mínima parte de las denuncias fue presentada por familiares (85), aunque supone un 30% más que en el año precedente. Esta concienciación es fundamental para Carmona, que insiste en que el entorno de la víctima debe tomar conciencia y apoyarla.

Las denuncias han crecido un 7% respecto a 2015, destacando las que parten directamente de la intervención policial, con un 46% más. En 2016, se dictaron 4.500 sentencias y quedan pendientes más de siete mil asuntos: 3.529 condenatorias y 1.019 absolutorias, un 16% más. «Son radicalmente falsas esas leyendas urbanas de que la absolutoria es igual a una denuncia falsa. Hemos estudiado muchísimas y en muy pocas ocasiones se refleja que hay falso testimonio –solo en dos de 500 analizadas–», defiende la presidenta del Observatorio. «Es complicado romper el principio de presunción de inocencia», admite. Almería se encuentra muy por encima de la media, con tres mil asuntos ingresados. Los cuatro de Sevilla y los tres de Málaga registraron dos mil de media, sin que se haya atendido la petición del TSJA –reiterada año a año– de que los juzgados con menos asuntos abarquen varios partidos judiciales.

El Observatorio trabaja para que se avance en la atención, aunque no medie denuncia, como ocurre «en el 80% de los casos por miedo, culpa o vergüenza». «Hemos propuesto en el Congreso que no necesiten denunciar para ser beneficiarias de todos los recursos de la Administración». Los centros de atención y acogida de la Junta proporcionaron el año pasado protección y ayuda a más de dos mil personas en peligro de muerte por violencia de género (1.074 mujeres y 1.094 menores a su cargo). El Instituto Andaluz de la Mujer prestó servicio a 21.316 usuarias y tramitó 32.00 consultas relacionadas con el maltrato. «Hay mujeres que ni siquiera lo identifican, dicen ‘no me ha dado una paliza, solo me ha empujado y me ha tirado al suelo’», alerta Carmona.

Parejas adolescentes por el camino de la violencia

El maltrato dentro de la pareja no es un asunto específico de los adultos. Pese a las campañas de formación en institutos, se producen casos de menores agresores. El año pasado, 50 adolescentes fueron juzgados por maltrato. De ellos, 9 tenían menos de 15 años y otros 41 superaban los 16 años. Se dictaron 43 sentencias por delitos imponiendo medidas y otras seis sin ellas. En Andalucía se juzgaron una de cada tres agresiones cometidas por menores, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. En total, a los juzgados llegaron 75 procedimientos. La Junta había atendido a 129 adolescentes por esta causa en 2015, un 37,2% más,