«Lanzas era un representante de la Junta», asegura otro intruso

Lanzas y Vitalia como centros neurálgicos del intrusismo en los ERE. El presidente de la Asociación de Trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), Manuel Granado Pérez, aseguró ayer en su declaración como imputado que creía que el «conseguidor» y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas «era un representante de la Junta».

Granado señaló que «él hacía lo que le decían desde la Junta de Andalucía» y «no sabía si el dinero era legal o no». Según este intruso, «Lanzas decía representar a la Junta de Andalucía y también decía que las prejubilaciones iban a ser sufragadas por la propia Junta de Andalucía». Según Granado, él «no decidió incluir a su esposa en la póliza». La magistrada cuestionó «qué tiene que ver su esposa con el matadero» y el imputado no supo qué contestar. Según el declarante, «firmaba lo que le mandaba Vitalia». También comentó que «es cierto que los trabajadores fueron a una empresa en autobús pero lo hicieron para realizar un curso de varios días que luego se redujo a solamente uno». «Les enseñaron las instalaciones y lo que tenían que hacer para los siguientes días, pero luego les dijeron que no tenían que volver». La juez considera que Juan Lanzas montó en un autobús a los trabajadores del matadero que no podían acogerse al ERE al estar en paro –la prestación por desempleo «estaba a punto de acabárseles»– y los llevó a Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales, que los dio de alta «con contratos falsos» para poder cobrar la póliza. Según Granado, «les dijeron que tenían derecho a un suplemento porque su pensión era muy baja y se pusieron en contacto con ellos». «Juan Lanzas no participó en esta decisión, fue sólo Vitalia», declaró. La aseguradora «tenía poder para que todas sus decisiones se llevaran a efecto por la Junta de Andalucía, que era quien les había contratado a ellos», añadió. La Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza de responsabilidad civil de 17.000 euros más el tercio legal correspondiente.

También comparecieron como imputados la esposa de Manuel Granado, Florencia Romero Valdivia, que habría percibido hasta 158.000 euros tras ser incluida como intrusa; Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y «posible conocido de Lanzas», que cobró 120.000 euros; y el tesorero de la asociación, Domingo Valle Prieto, quien firmó las pólizas en nombre de la asociación junto a Manuel Granado y que habría recibido de manera fraudulenta más de 17.000 euros. La Fiscalía pidió para cada uno de ellos una fianza equivalente a las cantidades percibidas más el tercio legal.

Domingo Valle comentó que «es cierto que conocía con anterioridad a Juan Lanzas y que pertenecía a UGT» y que le mencionarían que las pólizas iban a ser financiadas por la Junta «porque quién iba a ser si no». «La asociación se constituye para hacer las prejubilaciones» y «la idea surge de Juan Lanzas y Sebastián Serena», declaró.

El intruso Mariano Martínez, otro «paisano y contemporáneo de Lanzas», indicó que «a los cuatro o cinco meses se dio cuenta de que la póliza era de un lugar donde él no había trabajado y entonces llamó a Vitalia y le dijo a un señor de la oficina que en dicha póliza no figuraba su empresa, y éste le dijo que no pasaba nada, que eso ya estaba pasado por la Junta de Andalucía, que pese a que no aparecía el nombre de su empresa siguió cobrando y no preguntó en la Junta», según consta en su acta de declaración.

Florencia Romero manifestó que «su marido dijo que la pusieran a ella de beneficiaria por si él fallecía o algo así», aunque «en aquella época su marido tenía 40 años y no tenía ninguna enfermedad».

Por otro lado, la juez Alaya rebajó de 300.000 a 225.000 euros la fianza para poder salir de prisión al ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual, encarcelado desde el 23 de marzo tras ser detenido en la «operación Heracles» por el cobro de sobrecomisiones.