Las ayudas de Invercaria, como en los ERE, a empresas próximas a la Junta

Sevilla- La sociedad mercantil Invercaria, propiedad de la Agencia IDEA –que a su vez es un ente instrumental de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía– se controlaba a sí misma, estaba fuera del plan de inspección de la Intervención General de la Administración autonómica, y atendía proyectos con recursos públicos que le llegaban o que directamente impulsaban sus dirigentes. Eso se desprende de la declaración que ayer hizo el ex presidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo ante el juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla y a la que ha tenido acceso este periódico.

Pérez-Sauquillo fue presidente de Invercaria entre marzo de 2005 y marzo de 2010. Lo sustituyó en el cargo Juan María González Mejías, que cesó en julio de ese año, momento en el que llegó a la presidencia Laura Gómiz, a la que un ex trabajador grabó admitiendo la manipulación de informes para salvar una auditoría de la Cámara de Cuentas y que dio origen a este proceso. El ex presidente, imputado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación, declaró sobre la ayuda concedida a una empresa, Ferias Virtuales de Andalucía (FIVA), un proyecto fallido en el que la Junta de Andalucía puso 1.120.000 euros –716.000 euros a través de cinco préstamos participativos; una aportación al capital de 284.000 euros; y transferencias por valor de 124.219 euros realizadas por Invercaria para que FIVA pagara gastos corrientes, como personal o arrendamiento–. El magistrado investiga un total de 34 empresas.

El ex alto cargo aseguró que el proyecto de crear un portal de internet para pymes andaluzas –origen de FIVA– fue una idea suya que trasladó al entonces consejero de Innovación Francisco Vallejo –hoy senador y diputado en el Parlamento de Andalucía–, y al secretario general de la Consejería –Ángel Garijo–. Estaban «al tanto de todo» y conformes con la iniciativa. Tan es así, que según señaló en su declaración, «fue el secretario general de la Consejería el que me recomendó y me presentó a Novasoft», una de las empresas que formó parte del proyecto y cuyo administrador Francisco Barrionuevo también está imputado. El resto de sociedades que actuaron como socios de Invercaria «también me los presentó alguien de la Agencia IDEA o de la propia Invercaria o de la Consejería, no recuerdo». Como en el caso de los ERE, la elección se hacía entre empresas cercanas al poder autonómico y las operaciones «contaban con el respaldo del Consejo Rector de la Agencia IDEA», que decidía las inversiones superiores a 450.000 euros.

La instrucción sostiene que FIVA no generó actividad alguna y que los socios se convirtieron en proveedores de la empresa, que sólo ingresaba dinero por parte de Invercaria o lo que es lo mismo, fondos públicos de la Junta de Andalucía. Pérez-Sauquillo admitió la figura de esos «socios-proveedores» pero defendió que los trabajos «eran reales». Además del consejero delegado de Novasoft están imputados el consejero de Innovaes Formas de Comunicación Juan Antonio Bardón y Francisco Carlos Gallardo, como representante del Grupo Imagen.

«No se ha tirado con la pólvora del rey»

Ni ha habido «dispendio» del erario público ni se ha tirado «con la pólvora del rey». Fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el ex presidente de Invercaria en su declaración. Según aseguró, el escándalo surge «de una lucha entre partidos políticos en donde no tengo nada que ver» y culpó al ex directivo Cristóbal Cantos –el denunciante– de sustraer documentación de Invercaria. Dijo que su paso por la empresa pública –con un sueldo de 116.000 euros– le ha costado dinero y apuntó que el ex secretario de Innovación Ángel Garijo era «el más interesado en el que el proyecto FIVA fuera viable». A tal fin se destinaron 600.000 euros público antes incluso de su constitución.

La declaración

- La sociedad se controlaba a sí misma

El ex presidente de Invercaria admitió ayer que el mecanismo de control que tenía la sociedad era el plan director que el propio consejo de administración se había dado a sí mismo. La Junta de Andalucía la excluyó del control de la Intervención General.

- Sin normativa para la contratación del personal

«No existía una normativa para el proceso de selección de personal que trabajara en Invercaria aunque siempre se intentó que fuera personal cualificado».

- Las comidas eran parte de la jornada laboral

Atribuyó las comidas pagadas con la tarjeta VISA de la empresa como consecuencia de la continuación de la jornada laboral fuera de la sede de la empresa, algo que calificó como «normal». Sólo en 2009 gastó 24.264 euros en comidas en restaurantes.

- Los empresarios beneficiados, se los presentaron

En el caso de la inversión en FIVA, los socios que participaron se los presentaron «en la Consejería, en la Agencia IDEA o en la propia Invercaria». Otra vez, círculos cercanos al poder.