Las bolsas sociales de desigualdad perjudican seriamente la salud

La Apdha reclama a la Junta planes sanitarios para la «Andalucía invisible» y recuerda que la comunidad tiene el gasto más bajo en esa materia por habitante del conjunto de España

La crisis económica provocó que las administraciones públicas estrujaron sus cuentas en busca de liquidez y ahorro en capítulos donde hasta entonces apenas se había arañado como el sanitario. La Junta siempre ha negado que en la comunidad se haya metido la tijera a la «joya de la corona», pero las movilizaciones ciudadanas convocadas por las llamadas mareas blancas en todo el mapa autonómico y algunos datos cuestionan la afirmación. En ese escenario, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) reclama a la Consejería de Salud que tenga en cuenta a la «Andalucía Invisible» –los también denominados «barrios ignorados» o «zonas con especial necesidad de transformación social»– a la hora de dotar de más recursos y de desarrollar planes o programas sanitarios. Fuentes de esta entidad defienden que desde hace años se sabe que «los determinantes sociales tienen gran influencia sobre la salud». En otras palabras que, las desigualdades en educación, renta, edad, etnia, género, trabajo o localización geográfica afectan en este sector y que «la pobreza genera más enfermedad que las enfermedades crónicas», lamentan desde Apdha. Punto que confirman fuentes sanitarias consultadas por este periódico que, si bien, admiten que «es difícil conocer a corto plazo en qué grado los recortes sanitarios se reflejarán en la salud de las personas», auguran que «el crecimiento en las tasas de pobreza, incidirá en problemas en el futuro». «Parece obvio», dicen. Y sin embargo... «no se hace nada al respecto». Andalucía debe encarar algunas tasas y números: cuenta con un 35,7% de personas en riesgo de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), un desempleo del 28,25%, de acuerdo con los datos del cuarto trimestre de 2016 de la Encuesta de Población Activa (EPA) y una pobreza infantil que afecta al 51,1% de los menores de la región, a la luz de lo dibujado en el estudio «La Infancia en Andalucía 2015» elaborado por Unicef. Esto es, «existen 726.000 menores en esa situación». La Asociación Pro Derechos Humanos recuerda además que la comunidad «tiene el gasto sanitario por habitante más bajo de todo el Estado, 1.042€ euros frente a los 1.582€/habitante del País Vasco, según el último dato publicado sobre gasto sanitario público por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2014». Y ahí no queda todo. Se ha disminuido, advierten, «el presupuesto centrado en Atención Primaria y Salud Pública», los dos ámbitos que asisten a «las poblaciones en situación más vulnerable», recalcan.

Para la Apdha, la reducción de las bolsas de desigualdad «tendría un impacto directo en la mejora de la salud» de los andaluces. Sitúa entre los colectivos más débiles a los parados, sobre todo a los de larga duración; a las personas sin hogar, desahuciadas, migrantes o a las que ejercen el trabajo sexual. A ello suman la «sanidad de segunda» que padece «la población presa», punto en el que los miembros de ese ente exigen la «transferencia inmediata de las competencias a las comunidades autónomas» en esta materia.

Hecha la radiografía, desde la asociación plantean una serie de reivindicaciones que han enumerado en un informe titulado «Por el derecho a la sanidad en Andalucía», consultado por LA RAZÓN. Para arrancar, aboga por que «se preste una mayor atención a la financiación de la Atención Primaria y la Salud Pública, al tratarse de las áreas «con mayor función de redistribución de riqueza en salud»; y por que «se ponga fin a los conciertos, externalizaciones o privatizaciones encubiertas», que se están llevando a cabo. Freno que, a su juicio, requeriría de la modificación de algunas leyes.

A continuación reivindica una «mayor coordinación» entre las áreas de Atención Primaria y Hospitalaria, que «minimice las dificultades en desplazamiento, la comprensión de citas y las indicaciones de pruebas y tratamientos a la población más vulnerable». En concreto en el nivel hospitalario demandan, como consta en su documento, «urgencias rápidas y eficaces, sobre todo, para los asuntos más graves», la rebaja de los tiempos de espera en general, y en especial en las desviaciones a las «consultas de especialistas» y en el acceso a «pruebas complementarias» como TACs o resonancias. Ponen sobre la mesa además, la idoneidad de que exista «una mayor coordinación» entre los profesionales sanitarios y otros agentes como los de los servicios sociales o escolares, que permita «una detección y un abordaje global de necesidades de salud». Y es que entienden que el Gobierno autonómico debería apostar por una atención a los pacientes «integral», lo que sería más fácil si contaran con «un único interlocutor a quien acudir y con quien trabajar de forma conjunta» en el marco de la Atención Primaria, por ejemplo.

En su flujo de solicitudes hay hueco para los que sufren enfermedades mentales, «cuyo cuidado, excepto en casos agudos, recae exclusivamente sobre las familias» que, a menudo, «no tienen recursos ni conocimientos adecuados», censuran. Otra asignatura pendiente, es el tratamiento de las adicciones que «no están atendidas de forma integral en el Servicio Andaluz de Salud (SAE)», señalan. En última instancia, Apdha requiere del Ejecutivo regional un posicionamiento «claro y nítido», como el suyo, a favor de «una sanidad que sea pública, universal, justa y gratuita».