Política

Andalucía

Las «campeonas» en educación tienen menos paro y mejores sueldos

País Vasco y Cantabria, por debajo del 9% en abandono escolar frente al 23,5 de Andalucía, pagan más a los docentes y generan más empleo generan

El nuevo consejero de Educación y Deporte (i) toma posesión el pasado martes, en presencia del presidente de la Junta / Foto: Manuel Olmedo
El nuevo consejero de Educación y Deporte (i) toma posesión el pasado martes, en presencia del presidente de la Junta / Foto: Manuel Olmedolarazon

País Vasco y Cantabria, por debajo del 9% en abandono escolar frente al 23,5 de Andalucía, pagan más a los docentes y generan más empleo generan

«Luchar por que Andalucía sea la campeona en educación». Ese es el objetivo prioritario que se ha marcado el nuevo consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda. El gran obstáculo que tiene para lograrlo es el elevado fracaso escolar que todavía acumula la comunidad. La traducción de la tasa de abandono escolar temprano que alumbra a Andalucía es que casi uno de cada cuatro adolescentes (23,5%) solo completa la educación obligatoria o ni siquiera la acaba.

La buena noticia –si la hay– es que desde 2010 esa cifra se ha rebajado en once puntos y nos sitúa a cinco de la media española. El descenso ha sido mayor en nuestra comunidad, pero en el último año Andalucía ha empeorado respecto al resto del país, según los resultados de 2017 recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo Melilla (27,5) y Baleares (26,5) rebajan la tasa andaluza. En el extremo opuesto, el País Vasco (7%) y Cantabria (8,9%) figuran como referentes, formándose más allá de la ESO la práctica totalidad de su alumnado. Esas enormes diferencias entre comunidades tienen un impacto directo en ámbitos como el del empleo, como demuestra el hecho de que estas dos autonomías tengan una tasa de paro por debajo del 10% frente al 22,9% andaluz. Esa estrecha relación parece haberla entendido perfectamente Imbroda, quien instantes después de su toma de posesión aseguraba que «tenemos el índice de abandono más alto de todas las regiones europeas y la baja cualificación es la cantera del paro».

Otro punto que tienen en común tanto el País Vasco como Cantabria es el reconocimiento de su profesorado. Maestros y profesores de ambas comunidades figuran como los mejor pagados de España. En el País Vasco se pagan los sueldos más altos: 2.867 euros al mes brutos para Secundaria y 2.382 para Primaria –la media española es de 2.430 euros para los primeros y de 2.134 euros para los segundos–. En Andalucía, los salarios de los docentes están más de cien euros por debajo de la media. La equiparación salarial con el resto del país es algo que vienen reclamando los sindicatos, un guante que ahora ha recogido el consejero. Al menos, así se desprende de sus declaraciones en una entrevista en las que citaba una reunión con los docentes y su igualdad salarial como prioridades, con la idea fija de reducir el fracaso escolar.

Hace casi un año, en marzo, cuatro sindicatos –CSIF, UGT, CC OO y ANPE– presentaron ante la Consejería de Educación un escrito conjunto donde solicitaban a la entonces consejera, Sonia Gaya, que «nos convoque, a la mayor brevedad posible, a una reunión con el fin de abordar la necesidad de abrir un proceso negociador sobre la equiparación retributiva del profesorado andaluz y la recuperación de derechos perdidos».

Algunos de esos derechos se recuperaron para todos los funcionarios de la Junta, en virtud del acuerdo firmado en julio pasado con la ex presidenta, Susana Díaz. Fruto de esa negociación volvieron a reducirse las horas lectivas, además de acordar una subida salarial del 8,74% en tres años y la convocatoria de más de 2.300 plazas públicas correspondientes a la oferta de 2018. La pérdida de poder adquisitivo ha centrado también las denuncias sindicales. Casi todas las comunidades han repercutido sus recortes en los sueldos del profesorado. En el caso de Andalucía, estaban por debajo de los de hace ocho años, según un informe sobre la evolución de las retribuciones docentes publicado en el período 2010-2017 por UGT. El aumento pactado para los dos próximos ejercicios permitirá la recuperación, pero la brecha con el resto de comunidades seguirá existiendo.

En un cálculo aproximado realizado sobre los sueldos de docentes de Primaria y Secundaria, la Junta necesitaría aumentar en unos 10,7 millones de euros el gasto anual solo en salarios fijos, sin incluir pluses por antigüedad –establecidos por cada comunidad autónoma–. Eso sería así solo para los 94.500 funcionarios que trabajan en centros públicos, si se toman como referencia los 100 y 129 euros de diferencia, respectivamente, en comparativa con el sueldo medio español de docentes públicos. El gasto presupuestario sería mucho mayor si se atiende a los estudios tanto de CSIF como de CC OO, que sitúan por encima de los cinco mil euros anuales la diferencia de sueldos con las regiones mejor remuneradas.

CSIF reclama menos alumnos por clase y aumentar las plantillas

El sindicato mayoritario de la educación, CSIF Andalucía, no tardó en felicitar al nuevo consejero y seguidamente trasladarle su disposición a colaborar para «con el claro objetivo de la mejora de la educación pública andaluza y de las condiciones laborales del profesorado». El mismo día que tomó posesión como titular Javier Imbroda, el sindicato plasmó en un comunicado las claves para lograrlo: «El incremento de los presupuestos educativos para el próximo año debe ser una de las prioridades del nuevo consejero de Educación porque son –en su opinión– la herramienta fundamental para abordar la mejora de nuestro sistema educativo».

Para el presidente del sector de educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, «la aprobación de la oferta de empleo público docente es una de las cuestiones más urgentes, sin olvidar otros temas como el incremento de las plantillas para atender la diversidad de alumnado, además de una bajada generalizada de ratios, como ya CSIF-A planteó en su campaña al Parlamento de Andalucía».

Hidalgo insistió en abordar la «dignificación y reconocimiento social del profesorado», mediante el desarrollo de una ley andaluza que ahonde en el reconocimiento de los equipos directivos y docentes «como autoridad pública, además de la negociación de una carrera profesional que reconozca la fundamental labor del profesorado, que incide directamente en el progreso social y económico de nuestra Comunidad».