«Las direcciones generales no actuaban a su libre albedrío» sino bajo «la normativa»

Dos cargos del nivel de Guerrero descargan la responsabilidad de los consejeros al no hablarles de «ayudas concretas»

Dos ex directores generales de la Consejería de Empleo, Fernando Toscano (Economía Social) y Esther Azorit (Seguridad Laboral), corroboraron ayer en su declaración como testigos en el juicio del «procedimiento específico» de los ERE su «autonomía» para desarrollar los programas de su competencia y recalcaron que no informaban al consejero de «las ayudas concretas». No obstante, Toscano matizó que «las direcciones generales no actuaban a su libre albedrío. Existían un marco normativo en el que nos teníamos que mover. Y un programa con el que el presidente se presenta a las elecciones y lo valida el Parlamento». El consejero de la Cámara de Cuentas del 1996 al 2004 Francisco Javier Romero defendió que los informes del ente fiscalizador tenían «suficiente profundidad como para detectar el fraude».

Romero arrancó la jornada señalando que los informes de la Cámara de Cuentas «hacen recomendaciones» y luego «el Parlamento es libre de acatar o no». Con la Intervención, dijo, había «un contacto fluido pero independiente». Romero defendió que el análisis de la Cámara de Cuentas tiene «un suficiente nivel de calidad», dijo, aplicándolo también «a la Cuenta General».

La mayor parte, cronológicamente, de la testifical la protagonizó Fernando Toscano, hermano del actual subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, y del histórico dirigente socialista y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. El ex director general de Economía Social señaló que movía «40 o 50 millones al año» y expuso que «cuando había reparos» de la Intervención, normalmente, «el jefe de servicio solía hablar con el interventor y había algún punto de encuentro para poder tramitar el expediente». Toscano defendió que ni «el consejero ni el viceconsejero entraban nunca en el detalle» de los asuntos. En los aproximadamente 60 consejos de dirección a los que asistió, señaló, «no informábamos de ayudas concretas». En referencia al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, indicó que «igual expresó su preocupación por algún conflicto importante», como «por ejemplo, el sector minero, que son muchas empresas, no una sola». «No era necesario informar de ayudas a empresas. Teníamos plena autonomía, ámbito de confianza, todos confiábamos en que todo se hacía correctamente», señaló. «Nunca un consejero me ha pedido cuenta de alguna subvención», indicó también. De haber dado detalle de cada ayuda, «no se hubiera terminado, era imposible». El programa 31L lo conoció «con posterioridad» pero «que había un programa que permitía ayudas sociolaborales y a empresas era de conocimiento general y que las daba el director general y se pagaban en el IFA, también». El procedimiento concreto «no lo conocía». «Cada director general era responsable de utilizar los instrumentos normativos necesarios para ejecutar su presupuesto. Y entendíamos que cada cual utilizaba el más adecuado». Según Toscano «el desarrollo del programa se ejecutaba con absoluta normalidad» sin «la más mínima sospecha», en un clima de «normalidad y confianza». «Los expedientes estaban sujetos a las leyes de procedimiento administrativo», indicó. «La responsabilidad de que se cumpliera el procedimiento era del director general y luego había una intervención», añadió. El responsable también de que un expediente tuviera todos los informes «era el director general». Generalmente, «se confiaba en los directores generales, no había una orden directa del viceconsejero o consejero. Se entendía que si no se solucionaba (un conflicto) era porque no era posible». Lo que sí hacían los consejeros era «interesarse por un problema». «Si llegaba una petición, se mandaba al director general para que decidiera. Pero sin presión». El 31L, indicó, «era un programa conocido por todos los agentes sociales que eran interlocutores del Gobierno». Azorit indicó que nunca percibió «nada extraño», que los directores generales trabajaban con autonomía y era su decisión desarrollar la normativa para aplicar sus competencias «bajo supervisión de los órganos superiores», aunque, matizó, más que supervisión era «dirección del impulso político».