Las familias plantean tapar los puntos negros de la ley de PSOE y Cs desde el consenso

PP, Podemos e IU registran otra proposición, por tercera vez en trece meses, en respuesta a la «mala copia» de un decreto con lagunas

Negar que se han introducido mejoras en la atención temprana en los dos últimos años sería mentir. La Consejería de Salud ha respondido a empujones a las necesidades de los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos. Nunca antes había sido objeto de tanto debate político el futuro de un colectivo tan vulnerable que puede afectar a 30.000 niños –19.000 son los atendidos actualmente, pero no son todos los que están– en todo el territorio de Andalucía. Muchas de sus familias, agrupadas en torno a una plataforma, vienen reivindicando que esos avances y otros muchos que el Gobierno andaluz desoye con la peor de las formas, la ignorancia, queden blindados por ley. Una aspiración razonable que se ha chocado de bruces con la infame y eterna confrontación política.

Resulta obvio, pero necesario, recordar que la fuerza del servicio de atención temprana radica en su inmediatez. Una máxima lejos de aplicarse, por ahora. Sólo hay que decir que PSOE y Cs han impedido por dos veces la tramitación de una ley en el Parlamento que ahora, trece meses después, proponen sin diálogo con las fuerzas de la oposición que vieron rechazadas sus propuestas. Consecuencia: en una semana se han registrado dos proposiciones de ley en la materia. El lunes 29 de marzo, la del Gobierno andaluz; y ayer, por tercera vez, la versión mejorada que proponen las familias, con el respaldo de PP, Podemos e IU. Pese a ello, desde la plataforma de las familias, su portavoz, Antonio Guerrero, mantiene la esperanza de garantizar los derechos de los menores «desde el debate y el consenso» de todos los partidos y también dando cabida a los colegios profesionales, algo que no hacen la Junta y su aliado, que se abrigan el paraguas exclusivo de Cermi-A (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), una asociación con vínculos con la Administración.

Las dificultades a superar parecen, a priori, demasiadas. La ley que proponen PSOE y Cs no deja de ser una declaración de buenas intenciones. Un primer análisis detecta falta de rigor y ausencia de concreción en aspectos básicos que precisamente ha de incluir para dejar precisamente al arbitrio de decretos, órdenes o reglamentos posteriores su desarrollo.

Obstáculos tan básicos como la no inclusión del servicio en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), algo que ya quedó aprobado en una PNL hace año y medio en sede parlamentaria. El texto, calificado por el PP como un «sucedáneo» del decreto hoy vigente y que tantas lagunas presenta, mantiene las unidades de derivación provinciales, «un verdadero cuello de botella para acceder al servicio», según explica la plataforma de las familias. Además, apuesta por un sistema generalista, frente a la especialización por trastornos necesaria y no contempla salud y educación como elementos complementarios, por lo que un menor que entra en el colegio puede salir del CAIT (centro de atención infantil temprana). A juicio de Podemos, esa propuesta no acaba con los problemas y conduce a la «privatización encubierta».

Frente a esto, el proyecto de ley consensuado con padres y madres concibe a la familia como el «verdadero motor de recuperación del menor junto a los profesionales de los CAIT». Además, integra el servicio en el SAS, separa el concepto «atención temprana» de discapacidad, incluye una memoria económica y facilita la derivación directa del pediatra a los centros, contempla equipos de orientación educativa como complemento, la orientación a la familia y concreta la regulación de órganos como al comisión directora o la comisión técnica, dándole relevancia a todas las partes implicadas.

El texto de PSOE y Cs, pese a registrarse antes, puede que se debata después por un defecto de forma en su presentación (no incluye precedentes) lo que evidencia cierta precipitación. Ayer, precisamente, el consejero Aquilino Alonso insistía en Algeciras, donde inauguró el nuevo CAIT, en las bondades del decreto en el que se basa su propuesta de ley y insistía en que éste ha permitido acabar con las listas de espera y ampliar el número de sesiones, algo con lo que las familias discrepan seriamente.