Los altos cargos de la Junta tendrán que presentar la declaración del IRPF

El Parlamento aprueba la norma sobre incompatibilidades del PP-A, su primera proposición de ley en 22 años y cinco legislaturas.

Con cinco abstenciones, por parte de IU, y 103 votos a favor, por parte de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, el Parlamento aprobó ayer la obligatoriedad de que todos los cargos públicos de la Junta de Andalucía presenten la declaración del IRPF, extendiéndose esta medida a los directores generales y altos cargos. Hasta ahora sólo tenían que hacerlo los diputados y miembros del Gobierno andaluz. Ahora se eleva a 274 altos cargos afectados.

El pleno de la Cámara andaluza da luz verde a una proposición de ley del PP-A que modifica la ley de incompatibilidades de altos cargos de la administración de la Junta y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y otros cargos públicos. Es la primera vez en 22 años y después de 5 legislaturas que la Cámara otorga su apoyo a una iniciativa de ley de los populares. La reforma legal recoge que los cargos públicos deberán presentar dichas declaraciones en el plazo de dos meses desde la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho o, en su caso, la del impuesto sobre el patrimonio. Estos datos se harán públicos en el portal de la Junta, salvo en aquellos extremos que afecten al derecho a la intimidad de las personas que figuren en las mismas o de terceros, así como los datos protegidos por ley. También podrán aportar las autoliquidaciones tributarias de sus cónyuges o parejas de hecho y no serán objeto de publicidad, salvo que cuenten con autorización expresa de los afectados.

Por parte de IU, la diputada Elena Cortés defendió, mediante una enmienda que fue rechazada por PP, PSOE y C’s, que los altos cargos también presenten una relación de las empresas de las que hayan formado parte en los ocho años previos a la toma de posesión del puesto, con el objetivo de evitar «las puertas giratorias que tanto daño han hecho a la política». Asimismo, IU abogó por que los altos cargos, antes de tomar posesión, comuniquen «si tienen cuentas en paraísos fiscales». «Parece una perogrullada pero ha ocurrido. No se puede consentir ni permitir», señaló. La formación también solicitó que las declaraciones de bienes de los cónyuges también se publiquen obligatoriamente, así como la ampliación del plazo de años en los que un alto cargo es sancionado, pasando «de tres a cinco años y de cinco a diez». Cortés defendió sin éxito que las sanciones, en lugar del Consejo de Gobierno, emanen de una secretaría general o de un alto cargo en materia de inspección de servicios, y que de la incoación del expediente y la resolución del mismo «se informe al Consejo de Transparencia y a la Cámara de Cuentas».

El diputado de Ciudadanos Julio Díaz defendió la necesidad de «rendir cuentas» y «ser proactivos, pero alejados de prisas o demagogias». C’s reivindicó la futura Ley de Buen Gobierno y la Ley de Subvenciones, así como la obligatoriedad de «apartar a los cargos imputados por corrupción política». Todo ello, con el diputado socialista Carmelo Gómez, al que se investiga por unos cobros de Mercasevilla sin que conste trabajo alguno, aún en la tribuna. C’s también abogó por «incluir en un plan de inspección de la Agencia Tributaria a los implicados en corrupción» y otras medidas como el «portal de gobierno abierto, en formato opendata; y la oficina de prevención del fraude; el desarrollo del Consejo de Transparencia». La formación naranja apostó por «hacer extensible a todo el país» estas medidas porque «si no, los cambios nos van a pasar por encima».

Por Podemos, Begoña Gutiérrez, cuestionó la capacidad del PP para traer a la Cámara esta propuesta con el partido «incurso en casos de corrupción». «¿Imaginan a Guerrero o Lanzas rellenando declaraciones de IRPF? ¿Tiene utilidad? Mientras, la Junta sigue dando casas gratis al menos a 16 cargos desplazados mientras acumulan impagos por ayudas a familias con escasos recursos», señaló. «La declaración de bienes no esconde el verdadero problema: el exceso de cargos», indicó, «con la Administración infectada de ex alcaldes, ex concejales y no electos colocados por el partido de turno».

El popular Jaime Raynaud señaló que en las comisiones ya se aceptaron siete enmiendas: tres del PSOE; tres de C’s; y una de Podemos. A IU le reprochó que cuando formaron parte del Gobierno «perdieron la oportunidad de impulsar el estatuto de altos cargos». A Podemos señaló que «siempre están repartiendo carnés de transparencia y lealtad, cuando tienen a un representante adjudicatario de una VPO, que no cumple requisitos y no la devuelve, sino que la vende en el pase. Y dan lecciones de ética y moral». «El objeto es fomentar la calidad de la democracia» con esta PNL, «tomando como modelo la reforma del reglamento del Parlamento de 2014».

El socialista Jesús María Ruiz recordó que esta medida «no existe en otras CC AA» y abogó por «la pedagogía frente a la demagogia». El PSOE señaló que la Junta ha reducido el 29% de sus altos cargos, esto es, cinco cargos en una década.