Los contratos «simulados» de Carmelo Gómez, «prescritos»

La Fiscalía Superior de Andalucía contradice a Anticorrupción y pide el archivo de la causa del diputado del PSOE, que recibió 8.300 euros

La Fiscalía Superior de Andalucía contradice a Anticorrupción y pide el archivo de la causa del diputado del PSOE, que recibió 8.300 euros

La Fiscalía Anticorrupción encontró indicios de delito contra el diputado socialista Carmelo Gómez en octubre de 2015 por cobrar más de 8.000 euros de Mercasevilla a través de contratos presuntamente «simulados» con las empresas de Juan Lanzas, el denominado «conseguidor de los ERE». La jueza María Núñez Bolaños elevó hasta en dos ocasiones –la primera fue devuelta por falta de motivación– una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al ser aforado. Ahora, casi dos años después de los primeros movimientos, la Fiscalía Superior de Andalucía que dirige Ana Tárrago ha solicitado al TSJA que archive por prescripción de los delitos la causa contra Gómez.

El Ministerio Público informó ayer de que ha remitido un dictamen a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA en el que rechaza abrir una causa especial contra el parlamentario andaluz, al entender que el posible delito de falsedad en documento mercantil por el contrato simulado con la empresa Imagine Solutions SL, vinculada a Lanzas, y el posible delito de cohecho por el dinero recibido de la empresa –8.390 euros más 1.647 en concepto de IVA– habría prescrito en 2010, es decir, cinco años antes de que el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que originó esta pieza del «caso Mercasevilla» –con conexiones con el «caso ERE– fuera remitido al juzgado de Instrucción 6.

Los hechos se remontan incluso más atrás porque la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, dictó un auto el 9 de junio de 2015, mediante el que solicitaba a la UCO de la Guardia Civil que informase sobre el «supuesto pago» por parte de Mercasevilla de las nóminas de Carmelo Gómez –el hoy diputado–, José Antonio García –ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla– y María del Carmen Rodríguez –nuera del ex delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas– ,«aprovechando el entramado empresarial de Juan Lanzas», pues aparecían «dados de alta el primero en Maginae Solutions, en Al Andalus Mass Media Channel el segundo, y la tercera en dicha entidad, y enConsulting Social Siemur».

En el caso concreto de Gómez, éste fue contratado desde el 22 de marzo de 2007 al 1 de agosto de 2007. En la exposición razonada, Núñez Bolaños indica que los tres contratos «pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados». De hecho, al parlamentario andaluz se le contrata como «técnico superior en dietética», cuando el objeto social de esta empresa es «el asesoramiento de empresas y entidades, de carácter público o privado, en el orden laboral, económico y tecnológico, así como de todo lo concerniente a gestión de recursos humanos».

Por estos hechos han declarado como imputados en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla todos los protagonistas, a excepción del diputado socialista por su condición de aforado. Incluso uno de ellos, José Antonio García, consignó el dinero recibido –algo más de 14.000 euros en su caso–, cantidad que le fue devuelta por el juzgado al no imponérsele medida cautelar alguna. Tras el informe de la Fiscalía sobre Gómez, la última palabra la tiene la Sala de lo Penal del Tribunal Superior.