Exculpados tres ex altos cargos de la rama política de los ERE

La Audiencia de Sevilla archiva lo actuado contra Mañas, Rivera y Valverde al entender que contribuyeron al «desmontaje» del sistema «irregular» por el que se repartieron las ayudas públicas

Han pasado de encausados y conocedores de las anomalías que gravitaban en torno a los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, a contribuyentes al «desmontaje del sistema urdido sobre la base de las transferencias de financiación como método irregular de distribución de las ayudas» de la Junta que soportaron aquellos ERE. La Audiencia Provincial de Sevilla ha exculpado al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al ex director general de la agencia IDEA –antes IFA, entes pagadores– Antonio Valverde, quienes fueron procesados en mayo de 2016 por el juez Álvaro Martín, junto a los ex presidentes socialistas del Gobierno autonómico Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre otros ex cargos, en la pieza del «macroproceso» centrada en el denominado procedimiento específico por el que se repartieron los fondos públicos.

En tres autos diferentes fechados el pasado día 21 y consultados por LA RAZÓN, la Sección Séptima del tribunal provincial acuerda el sobreseimiento provisional de la causa contra los tres, tras estimar los recursos presentados por los investigados contra la resolución de Martín, al no creer que existan «indicios sólidos» para mantenerlos como imputados en el proceso. Ello sin perjuicio de «las responsabilidades penales» que pudieran derivarse de los pagos que se hubieran comprometido con anterioridad «al ejercicio de sus funciones en la Consejería de Empleo» del Ejecutivo regional, que se deberán esclarecer, si las hubiera, en los procedimientos judiciales en los que se analicen las múltiples subvenciones concretas.

La decisión de la Audiencia sevillana no resulta sorpresiva. La triada de altos cargos exonerada ahora coincidieron temporalmente en el ejercicio de sus funciones con el ex consejero Manuel Recio, ya que el ex titular de la consejería fue nombrado en abril de 2010, y con él, Mañas fue designado viceconsejero de ese área y Rivera asumió la dirección de Trabajo. Por lo que respecta a Valverde, desempeñó las tareas propias del director general de IDEA en un periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2014. De hecho, en la resolución de la Sección Séptima centrada en Mañas, difundida como las otras dos desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se asevera que durante el mandato de éste y de Recio al frente de Empleo «hubo importantes cambios en la concesión de las ayudas» de los ERE. Un motivo por el que, para el tribunal, «no se puede predicar sin más que su actuación se limitó a mantener el sistema implantado a partir del año 2000» y que aguantó una década, sin que, por parte de quienes «hayan podido participar en el mismo pusieron freno a la ‘huida hacia adelante’ consistente en no respetar y/o imponer los mínimos controles que la legislación ofrece para garantizar el correcto uso de los fondos públicos», como la propia Audiencia reconoce. Una adecuada utilización del dinero que es «esencial en un Estado social y de derecho democrático, como define la Constitución a España».

Estos nuevos movimientos de la Audiencia reducen la lista inicial de 26 procesados por la que apostó Martín al dar por finalizada la instrucción de este bloque separado de la matriz, que arrancó la jueza Mercedes Alaya, ya que a Mañas, Rivera y Valverde se suma el ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez, por lo que la hilera quedaría reducida hasta los 22 y fuentes del caso consultadas por este periódico «no descartan» que el número de los que no lleguen nunca a sentarse en el banquillo de los acusados en Sala pueda aumentar en alguno más.

Igualmente, hay que recordar que los ex consejeros de la Junta Recio, Antonio Ávila y Martín Soler no fueron imputados por el juez instructor. Además, la Audiencia los liberó definitivamente de la alargada sombra de los ERE el pasado marzo, al desestimar los recursos que presentó el sindicato Manos Limpias –organización que ejerce la acusación particular en el proceso– contra el archivo previo en lo relativo a esos ex altos cargos del Gobierno andaluz. En distintos autos también, la misma Sección Séptima de la Audiencia Provincial, concluyó, en línea con lo sostenido ahora, que no se podía «predicar» que concurrieran «indicios sólidos para entender» que los ex consejeros «hubieran podido participar en la creación y mantenimiento del procedimiento específico por el que se implantó» lo que en aquella ocasión calificaron de «urdimbre jurídica» gracias a la cual se habrían esquilmado las arcas públicas.