Los pescadores catalanes reciben ayudas que no llegan a los andaluces

Cataluña reparte 986.000 euros entre su flota para compensar las vedas. En Andalucía se limita a 118.600 euros

Sin faenar pero con ingresos, gracias a las ayudas contempladas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Ése era el acuerdo con el que los pescadores andaluces, y los de toda España, acataban las vedas impuestas por el Gobierno para mantener la salud de los caladeros. Las flotas de arrastre, de cerco y las dragas mecanizadas se mantuvieron en los muelles con el alivio de que recibirían una compensación económica a cambio. En Andalucía, las convocatorias comenzaron a abrirse en junio y de las cinco previstas, solo queda pendiente la de dragas –el plazo comienza el 1 de junio–. El golpe para armadores y marineros es que la Administración se ahorrará esos 2,7 millones de fondos prácticamente en su totalidad. Era en principio un presupuesto generoso –en total en España se consignaron 8,9 millones para este fin–, del que de momento se han repartido 118.600 euros, principalmente entre los armadores. Un raquítico 4,4% de la previsión, que ahonda en la complicada situación que afronta el sector, con una caída de la facturación el año pasado del 10%.

El amarre de las embarcaciones no fue en balde sin embargo para el sector pesquero en Cataluña. La compensación por la paralización temporal en 2015 y 2016 alcanzó los 986.000 euros y los 262 beneficiarios, con un pago mínimo de 1.500 euros, según recoge el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en su página web. Esta cantidad supone el 59,4% de las previsiones, que fijaban la cuantía máxima de subvenciones en 1,65 millones de euros.

La consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha reiterado en diversas ocasiones que los requisitos del Gobierno central para la concesión de las ayudas eran tan exigentes que imposibilitaban acogerse a ellas. La pregunta que surge a continuación es por qué en Cataluña sí y en Andalucía no, si estos, al tratarse de una estrategia estatal, deberían ser los mismos. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente admitieron a LA RAZÓN que «algunas comunidades autónomas han trasladado a la Secretaría General de Pesca distintas problemáticas acaecidas a la hora de su aplicación».

No obstante, aseguran que «no es posible achacar exclusivamente esta baja concesión de ayudas a la normativa». Sí aceptan «la necesidad de matizar y adaptar ciertos aspectos de su regulación, con el fin de conseguir una aplicación más eficaz y equitativa». Precisamente el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la reclamada modificación en relación a los armadores, facilitando el cumplimiento de las condiciones impuestas, al contemplar «determinadas excepciones relativas a la obligación de permanecer inmóvil en puerto y de tener el dispositivo de localización del buque encendido durante el tiempo de duración de la parada». Según informaron las mismas fuentes, «algunas modificaciones se aplicarán con carácter retroactivo a la entrada en vigor del Real Decreto de 31 de diciembre de 2015. Serán las comunidades autónomas las que valoren la posibilidad de establecer las convocatorias que estimen oportuno, siempre y cuando cumplan con la normativa europea y española».

En cuanto a los fondos sin usar, señalaron que «si por cualquier motivo no se pueden gastar aquéllos destinados a una medida en concreto, la comunidad realiza los trámites para la redistribución, pudiendo ser utilizados para otros fines, por lo que no se pierden». Será la Junta por tanto quien deba reasignar el dinero del FEMP.

En una reciente entrevista con LA RAZÓN, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández, expresó su preocupación por la disparidad de aplicación entre comunidades. Su opinión es que en Cataluña esas ayudas que ahora se han concedido incumplirían la normativa, y en el futuro podrían ser reclamadas a los pescadores; una hipótesis frente a la realidad de que la pesca andaluza afronta su presente sin compensaciones y a la espera de que se decreten los nuevos paros biológicos.